La líder del PPC fue la que avanzó la noticia por la mañana La Fiscalía Superior de Cataluña se querellará contra el presidente catalán, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y algunos consejeros de su Ejecutivo por la organización de la consulta del domingo. Una querella que, según avanzó por la mañana la presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho, podría recoger los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos y desobediencia a los tribunales por no acatar la decisión del Tribunal Constitucional. El escrito, que se prevé que se presente hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la condición de aforados de los denunciados, podría recaer también sobre algunos consejeros del ejecutivo de Mas, como la consejera de Educación, Irene Rigau, ya que los puntos de votación del 9-N fueron escuelas e institutos de titularidad pública; el consejero de Justicia, Germà Gordó, cuyo departamento está vinculado con la confección de las urnas que elaboraron presos de cárceles catalanas; así como el consejero de Interior, Ramón Espadaler, responsable de los Mossos d'Esquadra. Camacho cree que esta querella es necesaria, ya que el 9-N "se traspasó una línea roja, el incumplimiento de la resolución del TC que prohibía al Govern liderar la consulta". Cumplir la legalidad La querella no se dirigirá contra los directores de escuela y otros funcionarios que participaron en la jornada y solo recaerá sobre los responsables políticos. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, consideró ayer que "no se puede acusar de inacción" al Ministerio Fiscal en la consulta catalana, porque "desde el sábado se están investigando los hechos, sin ninguna precipitación, pero siempre en el cumplimiento de la legalidad". Sobre este aspecto también se manifestó el presidente catalán, que considera que el problema "no lo resolveremos en los tribunales" y añadió que "no nos intimidan".