El Gobierno amenaza con pedir indemnizaciones a las petroleras extranjeras que "saquearon" el paísLa empresa no ha empezado las conversaciones para adaptarse a la nueva Ley de Hidrocarburosmadrid/la paz. El Gobierno de Evo Morales ha adoptado el método del palo y la zanahoria con Repsol YPF. Si el pasado lunes le mostraba a la petrolera su firme compromiso de que la compañía presidida por Antonio Brufau siga en Bolivia, ayer escondía su lado más amable y regresaba al discurso populista. Después del ajetreado fin de semana, en el que fueron registradas las oficinas de Andina, filial de Repsol YPF en el país, el viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, atacaba de nuevo en la madrugada del lunes al martes y aseguraba que "el Gobierno no va a aceptar bravuconadas".Gómez respondía así a Repsol YPF, que había amenazado con emprender acciones legales en Bolivia si continuaba la injustificada y reiterada persecución de la Fiscalía del país andino. En contestación al gigante energético hispano-argentino, el político piensa que el Ejecutivo boliviano también podría recurrir a tribunales internacionales para demandar a las empresas petroleras extranjeras una indemnización por los años en que "saquearon" el país en complicidad con "gobiernos carroñeros".Silencio en RepsolTras la amenaza del viceministro de Hidrocarburos, este periódico se puso en contacto con Repsol YPF. La compañía prefiere guardar silencio y se remite al comunicado enviado el pasado domingo. En este escrito, la petrolera, que baraja la posibilidad de marcharse del país, veía con creciente preocupación "la falta de seguridad jurídica que en la actualidad existe en Bolivia. En estas condiciones, estima muy difícil que se pueda mantener el necesario diálogo con las instituciones bolivianas para buscar un marco estable que permita acometer el proceso de fuerte inversión que precisa el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Bolivia".La Fiscalía de Santa Cruz acusa a Andina de pactar hace cuatro años con la petrolera brasileña Petrobras para exportar gas natural a precios menores de los establecidos. Las investigaciones calculan que por esta maniobra las arcas del estado dejaron de ingresar 161 millones de dólares.Sobre este posible pacto de precios Repsol YPF ya dejó claro el domingo de que el contrato, del que ya tenían conocimiento las autoridades en 2002, "en ningún caso ha ocasionado perjuicio económico alguno, ya que en todo momento ha cumplido con el pago de todas las regalías e impuestos establecidos por Ley de acuerdo al contrato firmado entre YPFB y Petrobras".Precisamente, el registro del pasado viernes forma parte de estas investigaciones. Durante la intervención de las oficinas las autoridades detuvieron al auditor de Andina, Saúl Carlos Encinas Miranda. Tras prestar declaración quedó bajo arresto domiciliario y tiene la obligación de presentarse al juez todas las semanas.Mientras continúa el cruce de amenazas de demandas entre el Gobierno boliviano y Repsol YPF, sigue sin resolverse el problema fundamental para el futuro de la petrolera en el país andino. El Ejecutivo de Evo Morales ha dado como fecha límite para que las multinacionales del petróleo se adapten a la nueva Ley de Hidrocarburos el próximo 1 de noviembre.Fuentes de Repsol YPF aseguran que, a fecha de martes, "todavía no han empezado las conversaciones con el ministerio dirigido por Álvaro García Linera", al que todos señalan como el ideólogo de la nueva legislación energética. García Linera podría visitar España en octubre para acercar posiciones con el Gobierno de Zapatero pero, para esa fecha, podría ser tarde si las negociaciones con Repsol YPF se estancan.Entre otras cuestiones, el decreto de nacionalización de los hidrocarburos aprobado el pasado 1 de mayo prevé que la petrolera estatal boliviana YPFB debe hacerse con el control mayoritario de las sociedades de explotación por lo que Repsol YPF perdería el control sobre Andina, donde ahora posee más del 50 por ciento del capital.Relevo en YPFBEn pleno enfrentamiento con Repsol YPF, Evo Morales continúa con su cruzada particular contra aquellos que no están de acuerdo con sus decisiones. Morales ha relevado al principal ejecutivo de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, que fue acusado de incumplir la nacionalización de los hidrocarburos. En presencia de Alvarado, Morales tomó juramento en el palacio de gobierno de La Paz al nuevo presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz Banzer, que hasta el momento era vicepresidente de administración, contratos y fiscalización de la misma empresa.