La auditora admitió en documentos internos "un riesgo de inadecuado registro contable"El ICAC dice que se limitó a hacer ajustes y evitar "errores de bulto" para poder cumplir los plazos El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), un organismo dependiente del Ministerio de Economía, ha puesto a Deloitte contra las cuerdas por la salida a bolsa de Bankia. El ICAC asegura en un informe remitido el pasado día 26 de septiembre al juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elEconomista, que la auditora había reflejado en documentos internos "la agravación del riesgo" en la OPV y pese a ello no hizo nada al respecto. Deloitte había detectado, en concreto, "la existencia de un riesgo de inadecuado registro contable y de error en la información de las transacciones entre BFA y Bankia". El auditor decía que eso era "debido a la falta de separación organizativa y estructura real entre las entidades financieras que forman el grupo, como asimismo a la complejidad y volumen de las transacciones entre las referidas entidades". El problema radica en que, pese a detectar estos riesgos, los auditores, que habían contribuido de forma decisiva en la elaboración de los balances y del proyecto de segregación de activos de BFA a Bankia preparatorio para la salida a bolsa, "se limitan a conciliar datos contables". El ICAC, que ha sancionado a Deloitte con 12,3 millones de euros, acusa a la firma de no haber realizado ninguna prueba de auditoría para "verificar que los saldos integrados en el grupo Bankia a 31 de marzo y a 31 de junio de 2011 son los que corresponderían según los activos y pasivos", de modo que se pudiera concluir si era razonable mantener el valor otorgado de forma previa a la OPV. Advertencia tardía De hecho, hubo que esperar hasta varios meses después, con Bankia ya cotizando, para que Deloitte admitiera que había que rebajar el valor patrimonial de la entidad financiera de 12.000 millones de euros hasta 8.500 millones. Es decir, que había un desfase patrimonial de 3.500 millones de euros. En el informe remitido al juez Fernando Andreu, que está investigando ahora las presuntas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia, el ICAC insiste en que "la verificación de los datos contables "hubiera permitido a los auditores obtener información sobre la integridad y razonabilidad de los valores registrados y, por tanto, evidencia sobre la contabilización en los los periodos auditados" antes de que se hubiera materializado la salida a bolsa. Ante todo ello, el supervisor de los auditores pone especial énfasis en un memorándum interno remitido por los auditores a los equipos desplazados a cada una de las cajas que se integraron en Bankia de cara a la supervisión de los estados financieros a 31 de marzo de 2011. En el mismo se les da las instrucciones necesarias para su trabajo y se dice que lo que tienen que hacer limitarse a comprobar que la información que servirá de base para elaborar la memoria de la entidad "no contiene errores de bulto y de que cuadra con la información contable y financiera facilitada por las cajas de cara a poder cumplir los plazos establecidos por la dirección del grupo". Instrucciones El ICAC ha examinado también, en este sentido, las información remitida después por cada uno de los equipos de auditoría, llamando la atención acerca de la falta de verificación de las cuentas. Entre otros casos, pone como ejemplo, lo ocurrido en Caja Ávila, una de las entidad que se integró en Bankia. "Según las instrucciones, no hemos verificado la integridad de los datos de origen de cada una de las sociedades de Caja Ávila que envían al departamento de contabilidad de Bankia", aseguran sus auditores. Debe destacarse que esta caja presentaba un patrimonio neto negativo de 137,02 millones de euros, lo cual significaba, según el ICAC, "un elevado riesgo procedente de sus cuentas, sin que los auditores hayan realizado los procedimientos adecuados de auditoría que les permitieran alcanzar conclusiones sobre dichos saldos". Tal y como adelantó el pasado viernes este periódico, la auditora pactó asimismo con la entidad financiera una cláusula en el contrato para eludir cualquier tipo de responsabilidad, algo prohibido por la ley de auditoría. Entre ambas, acordaron "mantener indemne a nuestra firma y a nuestro personal de cualquier responsabilidad y costes que puedan derivarse de los servicios contemplados".