Los gastos se registraban en una cuenta al efecto y la auditora dice que era imposible descubrirloLa entidad no realizó ninguna retención y la retribución no tenía ningún soporte contractualDeloitte, la firma que auditaba las cuentas de Caja Madrid y que supervisa ahora las de Bankia, no detectó en una década la cuenta que la entidad había reservado para realizar pagos a su cúpula directiva con las tarjetas opacas. Los ejecutivos y consejeros de la entidad cobraron a través de la misma 15,49 millones de euros entre 2003 y 2012 sin que la auditora diera en ningún momento la voz de alarma y no ha sido hasta ahora, cuando la actual dirección de Bankia ha informado oficialmente, cuando el caso ha salido a la luz pública. De acuerdo con la documentación enviada por la entidad al Frob y que éste a su vez ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción, "del análisis realizado y con la información disponible hasta el momento, se desprende que las disposiciones y gastos realizados se registraban contablemente en una cuenta de gasto utilizada al tal efecto, cuyo título y conceptos registrados no permiten identificar la naturaleza de los apuntes contabilizados". La liquidación de la tarjetas a pagar desde esta cuenta "eran aplicadas y registradas manualmente por el área de contabilidad", sin que los auditores de Deloitte pusieran ningún tipo de pega ni cuestionaran en ninguno de sus informes este tipo de operativa. Las tarjetas de crédito opacas eran facilitadas y gestionadas por la Dirección general financiera y de riesgos, al margen de la unidad competente a tal efecto, el departamento de Recursos Humanos, que sí que supervisaba el resto de tarjetas corporativas. Deloitte mantiene que "es prácticamente imposible detectar un gasto tan insignificante cada año en una empresa con unos costes de personal tan elevados". Además, sostiene que, según lo publicado, estas partidas aparecían contabilizadas como errores informáticos. La Agencia Tributaria va a investigar a los 86 directivos de Caja Madrid que hicieron uso de las tarjetas opacas, fuera del circuito ordinario. De momento, y según las primeras diligencias de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, se ha comprobado que no existía ningún soporte contractual (en el contrato de trabajo o mercantil) ni previsión estatutaria o decisión de los órganos de gobierno. Los fiscales Luis Rodríguez Sol y Alejandro Luzón mantienen, asimismo, que "no consta que los tenedores de esas tarjetas hayan declarado las sumas como percibidas en sus declaraciones correspondientes". Es el caso, por ejemplo, de Miguel Blesa, que no reflejó nada en sus declaraciones de la renta, adelantadas por este periódico el pasado viernes. Tampoco consta que ni Caja Madrid primero ni Bankia después, bajo la presidencia de Rodrigo Rato, hiciera ninguna rentención al respecto. Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Ministerio de Hacienda, explica que ninguno de los directivos habría cometido delito fiscal, al no haber sobrepasdo los 120.000 euros defraudados en un sólo año, pero otra cosa distinta es la entidad. El problema, según Cruzado, es que "aunque sí que se podrían perseguir las infracciones adminitrativas cometidas por los ejecutivos, el posible delito fiscal de la caja prescribe a los cinco años". Es decir, que prácticamente todo el fraude cometido durante la etapa de Blesa al frente de la misma -abandonó Caja Madrid en enero de 2010- no podrá ser juzgado. En cualquier caso, y más allá de la posible prescripción del delito, el bufete de abogados Herbert Smith Freehills, al que Bankia ha contratado para elaborar un informe sobre el presunto uso irregular de las tarjetas no aprecia delito en el uso de las mismas. De acuerdo con este informe, al que ha tenido acceso elEconomista, "resulta difícil fundamentar la existencia de un posible delito de apropiación indebida por parte de los usuarios de las tarjetas, dado que el preceptor o acreditado versímilmente podía tener la creencia de que ostentaba un título (operativo o funcional) para utilizar la tarjeta". Los abogados de Bankia chocan con ello de forma clarísima con la asesoría jurídica del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que sí que aprecian la posible existencia de un delito y que en el escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción, señalan que puesto que había consejeros o directivos que no hicieron uso de las tarjetas "era posible advertir lo indebido en un uso personal o impropio de las mismas". En sus conclusiones, los abogados de Bankia manifiestan, por otro lado, que "la reclamación de las cantidades deberá ejercitarse prioritariamente respecto de los beneficiarios de las tarjetas, o en su caso, a Caja Madrid en relación con las cantidades correspondientes al personal que nunca se integró en Bankia y sólo en su defecto sería aconsejable, de forma subsidaria, una acción contra los administradores que consintieron su disposición". "Todo el mundo lo sabía" El secretario general de la Federación de Servicios de UGT (Fes-UGT), José Miguel Villa, aseguró ayer, por otro lado, que "todo el mundo" sabía de la existencia de las tarjetas, si bien matizó que su organización desconocía que Caja Madrid no tributase por ellas. "Hay una hipocresía en relación a este asunto insoportable. Tanto de Bankia, como de los partidos políticos, Hacienda o el Banco de España, que dicen que no saben nada", denunció en la presentación de un informe sobre la situación laboral en banca. Villa justificó el uso de las tarjetas dentro de los mecanismos de financiación de la actividad sindical que bancos y cajas hacen desde siempre. Sin embargo, reconoció no constarle que otras entidades las dispensen para gastos de representación, sino que realizan transferencias al sindicato o, en el caso de antiguas cajas, con el pago de dietas a sus representantes.