El Gobierno de Canarias presentó ayer ante la Secretaría de Estado y Energía un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Repsol la ejecución de las prospecciones en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, explicó que "existen distintos argumentos que fundamentan el recurso, entre los que cabe destacar, como se ha denunciado a lo largo de estos dos años, que el expediente instruido por el ministerio de Justicia es una auténtica chapuza". A través de un comunicado, Ríos argumentó que la autorización "presenta numerosos defectos formales tales como no haberse sacado a información pública parte importante de la documentación medioambiental, hurtándose a los ciudadanos el conocimiento de información relevante; o que la declaración de impacto ambiental (DIA) haya sido emitida sin que el Ministerio de Medio Ambiente conociera informes sobre aspectos esenciales del proyecto que afectan directamente no solo a la flora y fauna sino incluso a la salud de las personas". Además, el comisionado critica que "ni siquiera se ha tenido en cuenta ni contestado las miles de alegaciones realizadas por ciudadanos, colectivos y administraciones, lo que vicia de nulidad todo el procedimiento". Para Ríos, el estudio de impacto no realiza un estudio científico "adecuado" sobre los cambios estacionales, oceanográficos y climáticos, "ni alcanza los objetivos propuestos con el diseño de muestreo utilizado ni permite detectar impactos en el futuro".