Aseguran que sólo han percibido un 35 por ciento de las liquidaciones garantizadasLa Administración adeuda a las 62.000 familias productoras de energía fotovoltaica alrededor de 1.100 millones de euros correspondientes a las liquidaciones hasta el mes de junio. Así lo asegura la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que además recuerda que el sector tiene que hacer frente a unos recortes de ingresos de hasta el 50 por ciento con respecto a las remuneraciones que garantizó el Estado. Como explica la asociación, el Gobierno fijó una serie de retribuciones "para que los españoles invirtieran sus ahorros en el desarrollo y generación de energía solar, por lo que, con respecto a lo previsto, a estas alturas del año, con los recortes y retrasos, estas familias han ingresado, de media, apenas un 35 por ciento de lo inicialmente garantizado". Sin embargo, en los próximos días, estas familias productoras deberán afrontar los pagos a los bancos de la novena cuota del año. "Estos cupos se establecieron acorde con la remuneraciones fijadas por Real Decreto, y en la gran mayoría de los casos, calculadas por los productores siguiendo las recomendaciones del propio Ministerio de Industria". En este sentido, aseguran que el Ministerio, a través del IDAE y de su campaña de captación del dinero de pequeños ahorradores (El sol puede ser tuyo), establecía un escalado de planes financieros para todos los bolsillos, que recomendaba financiar el 80 por ciento de la inversión, porque los retornos estaban garantizados. La percepción de tan sólo un 35 por ciento de los ingresos que hubieran sido los esperados a estas alturas del año viene motivada porque a los "sucesivos recortes retroactivos" se añade la imposición de un coeficiente de cobertura de pagos, situado ahora en el 60 por ciento, calculado sobre la diferencia entre los ingresos del sistema eléctrico y los costes que se supone genera, indican. Asimismo explican que "estos costes se establecieron por convenio sobre la base de un sistema de formación de precios que remunera de manera desproporcionada las tecnologías nuclear e hidráulica, en manos de las grandes compañías eléctricas, que aportan el grueso de la energía consumida en España". La patronal de los fotovoltaicos asegura que si cada kilovatio (KW) que consumimos los españoles se remunerara de manera razonable no existiría el actual déficit de tarifa, figura desconocida en el resto de mundo, y el coeficiente de pagos estaría próximo al 100 por ciento. "Familias, empresas y fotovoltaicos financian un déficit de tarifa que sólo beneficia a un reducido número de empresas que, además tienen otorgada la capacidad de titularizar la demora de los pagos, por lo que todo es beneficio desde el principio, como se refleja en el comportamiento bursátil que registran, al alza en unos años económicamente nefastos para la economía y la sociedad española".