La dotación supone un 15% del ahorro que pretendía lograr con el plan de ajusteEl conflicto sindical no sólo le está suponiendo un quebradero de cabeza a Liberbank, sino que también le va a suponer una factura importante. La entidad ya ha provisionado 11,4 millones para hacer frente a la anulación parcial del ERE por parte de la Audiencia Nacional el pasado 26 de mayo. La entidad, a pesar de que ha recurrido el auto ante el Supremo, ha reservado en una hucha ese dinero ante la posibilidad de que el Alto Tribunal mantenga la postura de la Audiencia. La dotación supone casi un 15 por ciento del ahorro anual que pretendía conseguir la entidad que preside Manuel Menéndez, que se ha visto obligada a llevar a cabo un plan de ajuste para cumplir con las exigencias de Bruselas al haber recibido 124 millones de euros en ayudas públicas para recapitalizarse. La Audiencia Nacional autorizó el ERE acordado por los sindicatos mayoritarios con la dirección de la empresa, a excepción de uno de sus puntos, el relativo a la congelación de los planes de pensiones para toda la plantilla hasta mediados de 2017. El auto explica que esta medida es "ilícita" y, por tanto, se anula, porque los planes de pensiones "son contratos distintos al contrato laboral y sus vicisitudes se rigen por su propia regulación y estipulaciones". No es la primera vez que el banco recibe un revés judicial por sus proyecto de ajuste, comprometido con la Comisión Europea. El año pasado tuvo que suspender el Expediente de regulación de Empleo Temporal (ERTE) con un coste estimado en cerca de 70 millones. En el proceso actual, Liberbank ya ha recibido la admisión a trámite por parte del Supremo a su recurso de casación contra el auto de la Audiencia Nacional, pero la provisión realizada hace temer que los sindicatos demandantes van a salir victoriosos. El pasado diciembre, tras la suspensión del ERTE, la mayoría sincical acordó un ERE con la dirección de la entidad para conseguir un ahorro de personal de 80 millones, un 35 por ciento menos que las pretensiones iniciales. El plan consistía principalmente en el despido voluntario para 30 trabajadores durante 18 meses; una jornada laboral reducida en un 30 por ciento para 1.250 empleados hasta mediados de 2017, salvo para el colectivo cuyo salario es inferior a los 30.000 euros anuales; un recorte del sueldo a los directivos de hasta un 50 por ciento, como en el caso de Menéndez; y la suspensión de las aportaciones a los planes de pensiones, que se recuperarían en parte entre 2018 y 2024. El ERE fue impugando por el Comité de oficinas de Liberbank en Asturias. La resolución definitiva está ahora en manos del Supremo.