Habrá ayudas fiscales para el sector naval y un nuevo ciclo inversor en I+D en asuntos militaresSe apoyará la financiación a través de mercados alternativos como el MAB y el crowdfundingEl Gobierno ya tiene lista la "Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España", un plan de acción a corto plazo para mejorar la actividad del país y contribuir a un aumento de su peso en el PIB y a la creación de empleo. Para lograrlo, se ha elaborado un documento con diez líneas de actuación y un paquete de 96 medidas concretas de las que el Consejo de Ministros ha priorizado 34, tal y como consta en el documento al que tuvo acceso elEconomista. El Ejecutivo apuesta por la aportación de incentivos fiscales para potenciar el crecimiento, así como por el apoyo a la I+D+i, la mejora del acceso a la financiación de las pymes, la creación de empresas de alto valor añadido, la lucha contra la morosidad y una mayor implicación de la diplomacia española en labores comerciales, al estilo de otras administraciones como la estadounidense, la alemana o la francesa. La 'Agenda industrial' delimita claramente el trabajo de cada departamento y fija un plan de revisión sobre sus avances anuales además de ser plenamente compatible con el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia aprobado el 6 de junio. Captar inversiones Tras varios años de recortes, el Gobierno vuelve a poner en marcha incentivos fiscales para las empresas. Según figura en la Agenda, el Ejecutivo prevé otorgar apoyo financiero a la creación, traslado y ampliación de plantas industriales, así como a la financiación público-privada para las pymes en los sectores estratégicos. Para lograrlo, el departamento que dirige José Manuel Soria, que ha seguido muy de cerca su elaboración, pretende redefinir los criterios de concesión de las ayudas priorizando el peso de la I+D+i y estableciendo uno niveles mínimos de inversión en bienes de equipo. Se promoverá la participación en programas comunitarios como son el H2020 y los fondos Feder y se mantendrá el apoyo a programas de innovación en las empresas farmaceúticas, como Profarma, o de mejora de la competitividad con planes como el PIVE, para renovar el parque de automóviles, o el PIMA, para modernizar la maquinaría agrícola. El Gobierno pretende también promover las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), lo que supone que empresas de distinto tamaño puedan colaborar para acelerar la introducción de nuevos productos en el mercado. Para dar pasos adelante se escuchará una de las mayores reclamaciones de las empresas en los últimos años, mejorar la fiscalidad de las actividades de I+D+i y de los procedimientos de gestión. Además de buscar activamente sinergias entre los fondos públicos de financiación y los estructurales para poder identificar las áreas de colaboración en materia de política industrial. Pese a las críticas de años anteriores por los ajustes, se vuelve a potenciar la inversión en alta tecnología en un sector de amplio retorno como es el espacio a través de la aportación de España a la Agencia Espacial Europea. El Gobierno quiere iniciar a la vez un nuevo ciclo inversor en I+D militar que esté adaptado a las capacidades industriales de la defensa y que refuerce su uso dual, es decir, con mayor orientación al mercado y potenciará el sector naval mediantes instrumentos fiscales (tax lease) y otras medidas que no concreta. La Administración general de estado está impulsando mecanismos de compra pública innovadora (véase el reciente contrato de la electricidad por cerca de 1.000 millones) con la intención de controlar sus gastos. Acceso a la financiación Otro de los principales puntos del plan industrial del Gobierno es mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas y luchar contra la morosidad. La restricción del crédito durante la crisis y la elevada dependencia de las empresas de la financiación convencional agravaron la situación. Para llevarlo a buen puerto, el ICO ha aprobado un fondo de 1.200 millones de euros destinado a la inversión público-privada en capital riesgo con la intención de movilizar más de 3.000 millones de financiación en los próximos cuatro años. Para ello se promoverá también una armonización de la normativa de capital riesgo y se desarrollará normativa que permita los nuevos mecanismos de financiación no bancaria como el crowdfunding. El Gobierno quiere impulsar el desarrollo de los mercados alternativos, entre los que sigue incluyendo el MAB, pese a casos como el de Gowex que han levantado dudas sobre su eficiencia, así como el mercado de renta fija (MARF) o AIAF y dará un impulso a la revisión del régimen de Gobierno corporativo y la reforma del sistema de garantías mobiliarias. Lucha contra la morosidad En lo que respecta a la morosidad -uno de los mayores problemas que sufren las empresas-, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está dispuesto a implicar a los departamentos de Hacienda, Economía e Industria para lograr una plena eficacia de la normativa existente, es decir, reducir notablemente los plazos de pago e incluso se quiere avanzar en el control de los plazos de pago estableciendo, en su caso, la obligación de auditar los plazos con medidas que prioricen las empresas no morosas. Hacienda además estudiará la posibilidad de establecer mecanismos de compensación de deudas con las administraciones públicas y prevé mejorar el régimen fiscal específico para el inversor profesional y gravar las acciones para el emprendiemiento para pyme en el momento de su transmisión tributando por ganancias del capital, lo que supondría favorecer la atracción del talento, especialmente para sectores de alta tecnología. Según la Agenda del Gobierno se pretende reforzar las exportaciones españolas en mercados de alto potencial fuera de la UE. El Gobierno prepara también un listado de países y sectores prioritarios analizando el nivel de importaciones y su crecimiento esperado y reforzar las medidas de apoyo económica adaptando las bases de los programas de ayuda del Icex y del Ministerio de Industria. Industria asignará partidas presupuestarias por país de destino y reforzará las medidas de asesoramiento creando servicios específicos como una ventanilla única y reduciendo los plazos de los trámites administrativos. Países estratégicos El Gobierno pretende intensificar las relaciones diplomáticas y asegurar la coordinación de las embajadas y consulados con el Icex apoyando a las empresas en la repatriación de beneficios, facilitar la obtención de permisos de trabajo y establecer desgravaciones en el impuesto de sociedades para inversiones en el extranjero. Otra de las opciones que maneja es reforzar el apoyo a las empresas proveedoras de las grandes compañías aumentando los fondos del Icex. Impulsar la comercialización de productos industriales facilitando la obtención de referencias mediante la contratación pública y reforzar el posicionamiento de España como sede de multinacionales priorizando la retención de actividades de gran valor añadido con medidas de carácter fiscal y creando un programa de soporte para las gestiones administrativas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy también pone en su agenda el apoyo a las empresas para la obtención de avales para proyectos internacionales estableciendo mecanismos que refuercen su validez o con un prgrama de garantías del Instituto de Crédito Oficiala favor de organismos internacionales. El Gobierno contempla en el casi centenar de medizas además apoyar el Made in Spain al igual que hacen ya otros países de Europa. Para ello, se quiere crear en el Ministerio de Industria un sistema de certificación y etiquetaje que controlará un organismo dentro de este departamento. A lo largo de los últimos meses, el Ejecutivo ha celebrado cuatro foros de discusión con la participación de distintas organizaciones empresariales, sindicales, entidades y organismos públicos y privados para definir estas líneas básicas de actuación que supondrán la aportación de todos los departamentos y ha trabajado en colaboración con Boston Consulting Group, para definir las medidas concretas.