Las supuestas irregularidades en el holding industrial han activado investigaciones. La Fiscalía portuguesa desveló ayer la apertura de varios requerimientos relacionados con el imperio empresarial de la familia Espírito Santo, informó ayer Reuters y el luso Diario de Noticias. "La oficina del Ministerio Público está acompañando la situación, con la recolección, desde el primer momento, de todos los elementos que se han hecho públicos para el análisis de su relevancia penal", indicó el organismo en una nota. La apertura de investigaciones tiene lugar cuando algunos inversores se preparan para presentar una demanda por la deuda pendiente de pago a Portugal Telecom (PT). Rioforte, la sociedad de inversión de la familia Espírito Santo, incumplió esta semana el repago de 847 millones de euros en deuda que debía amortizar a PT, lo que obligó a esta operadora a reducir su peso en la fusión con el brasileño Grupo Oi. Los ejecutivos de Portugal Telecom, donde el grupo familiar tiene una participación significativa, sabían que el clan tenía problemas antes de que recibieran el préstamo en abril, desveló Reuters. La Fiscalía eludió, en todo caso, detallar si la investigación afecta a la inversión de Portugal Telecom en Rioforte, y sólo dijo que está siguiendo la situación del grupo Espírito Santo en su conjunto. Sin embargo, Portugal Telecom desveló esta semana que está considerando demandar al holding por el impago. Según Reuters, la querella podría ir contra el BES debido a que la deuda fue adquirida con fondos depositados en cuentas bancarias del banco y considerada como libre de riesgo por la operadora de telecomunicaciones. El impago ha reducido la participación de PT en el grupo resultante de la fusión con Oi en un 12,5 por ciento -será el 25,6 y no el 38,1 por ciento acordado en octubre- por el impago. PT tendrá a futuro opción de recomprar la cuota perdida, pero el perjuicio ya se ha producido. Portugal Telecom se enfrenta a su vez a una demanda de varios inversores minoritarios, que barajan presentarla por su supuesta falta de evaluación adecuada de los riesgos de la deuda.