Hacienda quiere centralizar el suministro de todos los edificios públicos para ahorrar costes A esta convocatoria pública han respondido 28 empresas comercializadoras de energía El Gobierno acaba de lanzar el mayor concurso eléctrico de España para adjudicar el suministro de todos los puntos de luz de la Administración General del Estado. El valor estimado del contrato asciende a 1.000 millones de euros por un periodo máximo de cuatro años. Un total de 28 empresas comercializadoras se han interesado por este megacontrato. Entre los potenciales candidatos se encuentran las cinco grandes eléctricas, pero también compañías más pequeñas que tienen intención de crecer en el segmento de clientes, como Céntrica, Cide, Villar Mir, Gesternova, Axpo, Factor Energía o Nexus. De hecho, en España existen más de 200 comercializadoras que han ido restando cuota a las compañías tradicionales. El Gobierno quiere reducir los 350 convenios de energía eléctrica que tiene la Administración central. Y es que sin contar con las empresas públicas, el Ejecutivo tiene actualmente 17.000 puntos de luz. Por tanto, este contrato es una de las patas principales de la nueva política del Estado de unificar sus servicios, como las compras de combustible, los contratos de limpieza, seguridad, publicidad institucional, adquisición de vehículos, contratos de comunicaciones, comunicaciones postales, agencia de viajes o seguros de coches, así como la reducción de las cuentas bancarias. La centralización de todos estos servicios se están gestionando desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En concreto, la directora general de Racionalización y Centralización, María Luisa Lamela, ya se ha reunido con representantes de las empresas comercializadoras de electricidad para informar de las líneas generales del acuerdo marco que el departamento que dirige Cristóbal Montoro está poniendo en marcha para la contratación del suministro de electricidad. Las bases del concurso Fuentes que estuvieron presentes en la reunión avanzaron a elEconomista que el Gobierno busca un precio fijo en esta adjudicación, sin que esté ligado al nuevo Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) o el mercado diario, al contrario de lo que ocurre en los contratos de los grandes clientes. Así, el Ejecutivo descarta aplicar indexaciones al nuevo recibo impulsado desde el Ministerio de Industria para este contrato de la Administración, mientras que lo ha aprobado para el usuario doméstico, quien no obstante puede elegir entre otras alternativas. Por otro lado, algunas compañías de renovables mostraron su malestar porque el Gobierno no exige o puntúa favorablemente en las bases de este concurso que el origen de la energía sea limpia, a pesar de que desde la Comisión Europea se pretende un cambio de modelo hacía un mix energético más sostenible medioambientalmente. Hacienda trabaja ahora en fijar las condiciones a las que tendrán que ajustarse los contratos de suministro. El siguiente paso será el envío de un cuestionario a las compañías interesadas para que indiquen sus observaciones o sugerencias. Precios más económicos El Gobierno busca obtener precios más económicos, al agregar demanda y simplificar los procedimientos de contratación. No se descarta que sean varias compañías las que se lleven la licitación, al igual que ocurre con el suministro eléctrico a la red ferroviaria que el gestor de la red (Adif) adjudica cada año y que hasta la fecha ha sido el mayor contrato eléctrico del país. Fuentes gubernamentales avanzaron que incluirán una cláusula en la adjudicación para priorizar a las pequeñas y medianas empresas cuando las grandes, que ganarán muchos de los concursos teniendo en cuenta su mayor cobertura nacional, tengan que subcontratar parte de sus servicios. Con esta unificación, el Ejecutivo también consigue simplificar la gestión administrativa de esta contratación, mejorar la información existente sobre los puntos de suministro de la Administración y sobre su consumo para contribuir a las medidas generales de ahorro y eficiencia energética. El Gobierno no contabilizará el ahorro que conseguirá con la centralización del suministro eléctrico hasta la resolución de la licitación. Sin embargo, sí que ya cuenta con un cálculo estimado del ahorro de costes que conseguirá en otras áreas. Así, en el caso del contrato de combustible de automoción, el objetivo es extender el descuento del 6,5 o 7 por ciento del que ya se benefician los grandes consumidores (como Defensa o Tráfico) a otros organismos de la Administración. Según las primeras estimaciones, se conseguiría un ahorro de 10 millones en el gasto en gasolina. En cuanto a la simplificación de las cuentas corrientes, se estima un ahorro de 378 millones de euros en tres años a través de la centralización de las 4.823 cuentas corrientes, además de las 423 del Banco de España, abiertas a día de hoy. De ellas, 1.237 están en el extranjero y 3.163 están en España y el Gobierno pretende que se centralicen en dos o tres entidades.