La vicepresidenta primera afirma que la decisión de la CNE se ajusta a la ley comunitariaMADRID. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que la decisión de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de aprobar la opa (oferta pública de adquisición) de E.ON sobre Endesa con 19 condiciones "está ajustada a la legalidad comunitaria", y subrayó que el análisis de la Comisión Europea (CE) en el sentido contrario es "preliminar", según informó Ep. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el primero tras las vacaciones estivales, la vicepresidenta explicó que el Gobierno español se encuentra en "diálogo permanente" con la Comisión Europea y que hasta el momento ha facilitado "toda la información" sobre el tema al Ejecutivo comunitario. Subrayó que el informe emitido por la Comisión Europea es "preliminar" y que "significa que estamos iniciando un diálogo que se produce entre la Comisión Europea y el Gobierno". "Hemos mantenido la posición, que seguimos manteniendo, de que las decisiones adoptadas por la CNE están ajustadas a la legalidad comunitaria. Hay ahora un informe preliminar de la CE, puede haber discrepancias, pero estamos en permanente diálogo con la CE y esta es la fase del proceso en la que nos encontramos", declaró De la Vega. Además, hizo hincapié en que "el Gobierno va mantener la posición que hasta ahora hemos mantenido, creemos que tenemos razón", insistió. Cambio en las condicionesA la vicepresidenta también se le preguntó por una hipotética negociación con la empresa alemana E.ON para modificar las condiciones impuestas por el órgano regulador español, a lo que De la Vega respondió que "el Gobierno no negocia con las empresas privadas", y añadió: "Lo hacen las empresas entre ellas". La Comisión Europea confirmó hoy el envío de un escrito al Gobierno español en el que "informa formalmente" sobre los resultados preliminares de su análisis de las condiciones que impuso la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la opa de la alemana E.ON sobre Endesa y que concluyen que "la mayoría" de ellas "violan" la legislación comunitaria en materia de competencia.