La Comisión advierte de que la decisión que adopte será de obligado cumplimientobruselas. Injustificadas, desprocionadas e incompatibles con las normas europeas. Las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a E.ON en su oferta pública de adquisición (opa) a Endesa podrían ser, en definitiva, "ilegales", según advirtió ayer la Comisión Europea al Gobierno español. Son unas conclusiones preliminares, pero no por eso menos contundentes: se refieren a la "amplia mayoría de las medidas dictadas por la CNE", según explicó ayer el portavoz de Competencia de la CE. Bruselas ha detallado al Gobierno español qué medidas le suscitan más dudas, pero asegura que no van a ponerse a "negociar". Madrid tiene una última oportunidad para defender las exigencias de la CNE ante Bruselas, pero debe reaccionar antes de la medianoche del próximo lunes 4 de septiembre para que sus argumentos sean tenidos en cuenta. Decisión vinculanteBruselas adoptará una decisión definitiva sobre la posible ilegalidad de las medidas "lo antes posible, en las próximas semanas", una decisión que será "legalmente vinculante" para el Gobierno español, a quien se le conminará a que modifique su postura. El dictamen de Bruselas podría ser invocada por E.ON ante un Tribunal de Justicia español como argumento para reclamar indemnizaciones económicas o incluso la anulación de las condiciones de la CNE para llevar adelante su fusión con Endesa. El análisis de Bruselas se centra en determinar si las medidas se justifican "en defensa de la seguridad pública", si en ese caso son "proporcionales" y si respetan las normas del Tratado sobre la UE sobre libre circulación de capitales y libertad de establecimiento. Según sus primeras conclusiones, no se cumple la primera condición "y no son ni necesarias son proporcionales para proteger la seguridad pública". Si se confirma esta opinión, el ejecutivo comunitario podría acusar a España de violar el reglamento europeo de fusiones y exigirle la retirada de las condiciones de la CNE.En cuanto llegue ese pronunciamiento en firme, España tendrá dos opciones: Acatar sus peticiones y anular la mayoría de las condiciones o ignorar a la Comisión Europea, con el riesgo de tener que responder ante el Tribunal de Justicia de la UE y de que E.ON recurra el veto a la Justicia española.