E l pasado viernes nos anunció el Gobierno un Anteproyecto de Ley de Reforma Tributaria que afecta, entre otros, al tratamiento de las rentas provenientes del ahorro y de determinados productos financieros a través de los cuales los contribuyentes canalizan el mismo, llegando, incluso, a crear una figura nueva. No cabe duda de que al margen de los objetivos pretendidos por el legislador, ello afectará a las ofertas comerciales que las entidades financieras, bancarias y de seguros, hagan a sus clientes. La reducción de los tipos marginales aplicables a los tres tramos de los rendimientos del ahorro no cabe duda de que es una buena noticia, si bien la reducción no es tan sensible como para esperar un aumento de los importes que los españoles dedican al mismo. De hecho, cabe calificar a dicha reducción como cicatera si lo que se pretende es incrementar un ahorro que tan importante es para nuestra recuperación, porque el problema económico nacional no es, como suele decir el discurso económico imperante la debilidad del consumo, sino la del ahorro, que es la base de la inversión y, por ende, del crecimiento. Muy mala noticia es la reducción del importe máximo deducible en las aportaciones a planes y fondos de pensiones desde los 10.000 euros actuales a los nuevos 8.000 euros por ejercicio. La réplica del Gobierno es que muy pocas personas, y todas de elevada renta, hacían aportaciones de tan elevada cuantía. Parece desconocer dicho Gobierno los rudimentos mínimos de la economía keynesiana que, en el fondo, tanto le gusta, y que la propensión marginal al ahorro es creciente con la renta o, dicho de otro modo, que el ahorro, que tanto dice que quiere promover, sólo se produce a partir de rentas que cubran los gastos de subsistencia y a partir de ahí de manera creciente con las mismas. Si queremos que haya ahorro tenemos que favorecer a los que tienen la capacidad de generarlo. En los últimos años, como consecuencia de la crisis, el crecimiento del patrimonio de los planes y fondos de pensiones se ha reducido notablemente, por lo que habría sido esta una gran ocasión para favorecer esta modalidad de inversión a largo plazo que, además, reducirá mucha de la ayuda pública futura a los beneficiarios de dicha modalidad en su momento. El desarrollo de los planes y fondos de pensiones ha sido uno de los grandes perjudicados en esta reforma, sin que se hayan habilitado formas alternativas de suficiente entidad para recoger las aportaciones al patrimonio de dichos planes y fondos que ya no se harán por culpa de la nueva medida. La alternativa insuficiente parece que nos la ofrece el Gobierno en los denominados Planes de Ahorro a Largo Plazo a los que se reconocen unos muy exiguos beneficios fiscales. Las aportaciones a los mismos no son deducibles de la renta, a diferencia de lo que ocurría con la figura anterior, y la ventaja fiscal se reduce a la exención de la renta que produzcan las cantidades aportadas, siempre que se mantengan durante cinco años, al menos, y para un capital ahorrado de no más de 25.000 euros. Es, sin embargo, loable la neutralidad que la norma pretende entre productos financieros para canalizar estas ventajas, al no discriminar entre productos bancarios o de seguros, como figuras de canalización de estos fondos, o al permitir, incluso, que dichos productos no tengan por qué gozar de una garantía de restitución del capital de más del 85 por ciento, lo que favorecerá cierto riesgo, si se quiere tomar, y su consiguiente aumento de rentabilidad. Ahora le queda a las entidades bancarias y de seguros plasmar de manera imaginativa las figuras comerciales con que pretenden apelar a la confianza del público a través de esta modalidad nueva. Tampoco ha querido el Gobierno favorecer los fondos de inversión, buena alternativa para el ahorro del contribuyente y a las dos figuras anteriores, y que tan castigados se vieron con la imposición de retención a los rendimientos puestos de manifiesto en los rescates. Retenciones que tanta movilidad quitaron en su momento a los fondos de los ahorradores y produjeron el efecto de dejarlos, en muchas ocasiones, prisioneros de los gestores de sus fondos, por la influencia de una fiscalidad, que pretende ser neutral, en las decisiones de aquellos. La reforma fiscal, por tanto, que pretende el Gobierno no es de largo ni de medio alcance en lo referente al tratamiento del ahorro. Es cicatera y poco imaginativa, no lo incentiva y se conforma con intercambiar la eliminación de algunas ventajas con unas pequeñas reducciones y exenciones fiscales. Tendremos que esperar a otra.