El Gobierno pondrá en marcha además mecanismos para facilitar la refinanciación de las pymesEl Consejo de Ministros anunció ayer una reforma de la Ley Concursal para evitar las trabas en los procesos de refinanciación de aquellas empresas que, si bien están endeudadas, son viables, evitando con ello la destrucción de empleo y productividad. Es una medida que permitirá superar la situación concursal a grandes compañías, como Reyal Urbis, o las que están en fase de convenio, como Martinsa, pero también, y de forma muy especial a las pymes, como le pedía el FMI. El Gobierno quiere prestar una especial atención a las pequeñas y medianas empresas, estableciendo la posibilidad de acuerdos extrajudiciales de pago, procedimientos abreviados y mecanismos de alerta temprana para pactar las refinanciaciones antes de que sea demasiado tarde. En la misma línea, se adoptarán medidas para facilitar que en vez de tener que terminar liquidando una empresa, se pueda transmitir el negocio en bloque. El pasado 7 de marzo se aprobó ya una modificación de la Ley Concursal mediante un Real Decreto en el que se incluían una serie de medidas de urgencia de refinanciación y reestructuración de la deuda, pero entonces fue sólo para empresas que estuvieran en situación de preconcurso, con el objetivo precisamente de que evitaran acabar suspendiendo pagos. Según explican desde el Ministerio de Economía, lo que se hará ahora es ampliar todo ese paquete de medidas a las empresas que ya están en concurso. Se trata de incluir medidas que faciliten los acuerdos de refinanciación, potencien las quitas y los aplazamientos de pago y la conversión de deuda en capital. Acuerdos de refinanciación El pasado mes de marzo, se eliminó, por ejemplo, la obligación de un experto independiente para las situaciones preconcursales, puesto que suponía en ocasiones un "coste y dilación" adicional al proceso. En el caso de acuerdos colectivos de refinanciación homologados judicialmente, la mayoría exigida del convenio pasó del 55 al 51 por ciento, estableciendo de esta manera la mayoría simple para sacar adelante los mismos. En los préstamos sindicados, se estableció que los acreedores prestamistas suscriben el acuerdo de refinanciación cuando votan a favor el 75 por ciento del pasivo representado por el préstamo, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior. Asimismo, si el 60 por ciento de los acreedores de pasivos financieros han acordado aplazamientos del pago de la deuda, hasta cinco años, y la conversión de créditos en préstamos participativos por el mismo plazo, estas medidas se extienden a los acreedores disidentes sin garantía real. Para aplazamientos entre 5 y 10 años, habrá que alcanzar no obstante el acuerdo con el 75 por ciento de los acreedores del pasivo para extenderlo a los disidentes. El Gobierno ha anunciado además que elaborará "un código de buenas prácticas con el objeto de agilizar y facilitar la refinanciación o reestructuración de las deudas de pymes y autónomos hacia modelos de negocio sostenibles". Entre las grandes empresas, hay casos como el de Martinsa, fuera de concurso y fase de convenio, para los que esta reforma supone el mejor salvavidas posible. La inmobiliaria paralizó recientemente el Proyecto Aurora, un plan que puso en marcha para salvarse de la liquidación, a la espera precisamente de esta reforma. Martinsa ha estado estudiando en las últimas semanas dos líneas de actuación, con y sin la modificación de la ley, pero prefiere esperar a conocer el resultado final antes de diseñar por completo los lotes de activos que repartirá entre sus acreedores, para que estos le cancelen la deuda de 3.900 millones de euros que soporta. Valor de los activos Según la inmobiliaria, el valor de sus activos asciende a 3.000 millones y el objetivo ideal es alcanzar una "deuda cero", por lo que tendría que combinar la dación de activos con la conversión de deuda en prestamos participativos y la posterior capitalización. Y algo parecido ocurre también con Reyal Urbis. La inmobiliaria presidida por Rafael Santamaría se encuentra en pleno proceso de negociación con sus acreedores para diseñar un plan de viabilidad que le permita refinanciar su deuda, que en los tres primeros meses del año se ha reducido un 3 por ciento, hasta situarse en 3.369 millones de euros. Este descenso del endeudamiento neto se ha producido gracias a la cesión de activos a la banca, que en total han condonado a Reyal 33 millones de euros de deuda asociada a ventas de suelo y entregas de inmuebles hipotecados. La compañía se ha visto obligada a desprenderse de alguno de sus activos más representativos, como el centro comercial ABC Serrano, el Complejo de oficinas Avenida San Luis, y el edificio Castellana 200, que se traspasó por 140 millones de euros al fondo de pensiones canadiense PSP y a la firma de inversión inmobiliaria Drago Capital. El Gobierno aprobara también una reforma del sistema de garantías mobiliarias, ampliando los bienes inscribibles, lo que, "favorecerá el flujo de crédito a ciudadanos y empresas". Además, se articulara un procedimiento de recuperación de los bienes dados en garantía en el caso de impago de la deuda.