El fiscal señala que actuó con una sociedad particular cuando presidía BancajaEl expresidente de Bancaja, Banco de Valencia y Bankia, José Luis Olivas, imputado en varias causas que se instruyen en la Audiencia Nacional por el ejercicio de estos cargos, está imputado en una nueva causa judicial que se instruye en Valencia, como presunto colaborador en un fraude fiscal del que se acusa al empresario Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes Valencianas y exvicepresidente de la Generalitat, Juan Cotino. El juzgado de Instrucción número 14 de Valencia abrió diligencias por un presunto delito contra la Hacienda Pública a raíz de una querella de la Fiscalía, tras ser informada por la Agencia Tributaria de la presunta falsedad de una factura girada a Sedesa -sociedad de Vicente Cotino- por la empresa Imarol, propiedad de Olivas y su esposa. Así lo confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que especificaron que Olivas y su esposa prestaron declaración como imputados el pasado miércoles, mientras que Cotino lo hizo a principios de mayo. Olivas creó Imarol en diciembre de 2003, seis meses después de dejar de ser presidente de la Generalitat valenciana, cuando ya sabía que iba a acceder a la presidencia de Bancaja, que se hizo efectiva al mes siguiente. Según publicó ayer el diario Las Provincias, los hechos denunciados se remontan a 2008, cuando Olivas intermedió por medio de Imarol para que Cotino vendiera el 25 por ciento de los títulos que Sedesa tenía en la empresa Proyectos Eólicos Valencianos. En esta sociedad creada en 2002 también figuraban como socios Bancaja, con un 20 por ciento, y Endesa, con un 55 por ciento. Imarol asesoró a Cotino para que Sedesa y Bancaja vendieran sus participaciones a Iberdrola, de la que Olivas era consejero en representación de la caja, pero fue Endesa la que finalmente se quedó ambas participaciones, al ejercer su derecho de adquisición preferente. Según este diario, Cotino pagó a Imarol 500.000 euros por la gestión y la empresa emitió una factura que el empresario usó para desgravarse la cantidad supuestamente defraudada y Olivas para justificar el ingreso del dinero. El fraude cometido por el empresario ascendería a 170.000 euros.