Berlín se enfrenta a la amenaza de multas millonarias por desacato al Tribunal de la UEbruselas. A este paso, medio siglo va a tardar Volkswagen en ser una empresa genuinamente privada, por más que la ley de presunta privatización del Goliat alemán de fabricación de automóviles remonte a 1960. La Comisión Europea anunció ayer la reapertura del expediente contra el Estado alemán por seguir sin renunciar a mantener blindada su emblemática multinacional. El pleito no es nuevo y el Tribunal de Justicia de la UE ya dictó una sentencia en octubre de 2007, en la que declaraba ilegal el poder que las autoridades públicas alemanas se reservaban sobre la gestión de Volkswagen. Si el expediente reabierto termina de nuevo ante los jueces comunitarios, las arcas públicas del Estado alemán quedarán expuestas a la amenaza de multas multimillonarias por desacatar Berlín la primera sentencia. La reapertura del expediente no sorprende a nadie familiarizado con el caso (ver elEconomista de 12 de abril y de 28 de mayo de 2008). El blindaje de Volkswagen es, además, un campo de batalla entre los socialdemócratas y los demócratacritianos que forman la coalición gubernamental presidida por la canciller Angela Merkel. La ministra alemana de Justicia, la socialdemócrata Brigitte Zypries, ha reducido el blindaje de Volkswagen, pero no lo ha desactivado como reclamaban la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE, y el demócrata-cristiano Michael Glos, ministro alemán de Economía. Para curarse en salud, el proyecto de ley mediante el que Zypries se dispone a acatar parcialmente la sentencia de los jueces comunitarios, prevé una salida de emergencia. Si el contencioso vuelve al Tribunal de Justicia de la UE y la sentencia es de nuevo desfavorable a Alemania dentro de unos años, lo que implicaría sanciones económicas para el Estado, un anexo del borrador legislativo contempla la anulación de los poderes especiales que permiten que las autoridades públicas germanas veten decisiones estratégicas de la empresa.