H ace una semana el Ministerio de Industria envió al Consejo de Estado la propuesta de Orden Ministerial que establece los parámetros retributivos de las instalaciones del antiguo Régimen Especial (renovables, cogeneración y residuos). Tal y como ya confirmó el ministro de Industria, José Manuel Soria, durante su participación en el encuentro informativo que elEconomista organizó el pasado mes de abril, el Gobierno apenas ha introducido modificación alguna. El ministro -al igual que también ha hecho el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en otros foros-, dejó bien claro que "cualquier modificación implicaría ajustes adicionales en otras partidas, por lo que no haremos excepciones". De nada han servido las distintas alegaciones presentadas, ni tampoco las manifestaciones públicas del sector para explicar lo dramático de la situación, por lo que todo apunta a que la nueva norma entrará en vigor en las próximas semanas. En la memoria económica remitida al Consejo de Estado, Industria estima que el conjunto de estas tecnologías percibirá 198.824 millones de euros en concepto de primas como retribución adicional a lo que ha percibido del mercado a lo largo de toda su vida útil. De esta cantidad, ya se ha pagado el 28 por ciento -unos 56.294 millones de euros-, de los que 15.400 millones se han destinado a la eólica, 14.617 millones han ido a parar a la fotovoltaica, 12.917 millones han sido para la cogeneración, 4.263 millones los ha percibido la hidráulica, 2.640 millones la termosolar, 2.626 millones las plantas de tratamiento de residuos, 2.003 millones las de biomasa y biogás y 1.827 millones la combustión de residuos y licores negros. Del 78 por ciento restante -142.530 millones de euros-, 64.234 millones de euros irán a parar a la fotovoltaica, 31.553 millones a la termosolar, 19.300 millones serán para la eólica, 14.900 millones corresponderán a la cogeneración, 6.459 millones irán a la biomasa y biogás, 3.170 millones serán para las plantas de tratamiento de residuos y 1.661 millones irán a combustión de residuos y licores negros. A la vista de estos datos, y después de un primer análisis del informe, y tal y como cabía esperar, las distintas asociaciones de los sectores afectados han comenzado a hacer públicas sus primeras declaraciones. Consideran que el nuevo sistema de parámetros está alejado de la realidad y, tal y como ya han anunciado, comenzará una auténtica oleada de denuncias ante los tribunales. Los pequeños pierden Uno de los primeros en reaccionar ha sido José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef). Si bien es cierto que la nueva orden mejora la situación de los parques más grandes, no sucede lo mismo con las grandes plantas de las que son dueños cientos de pequeños inversores. El responsable de la asociación fotovoltaica ha señalado que "los cambios introducidos mantienen unos recortes sobre los ingresos previstos de en torno al 40 por ciento de media para el 30 por ciento del parque fotovoltaico instalado, lo que lleva a la insolvencia de las plantas". Ese 30 por ciento más afectado -asegura Donoso-, "no podrá hacer frente al pago que adeuda a los bancos a menos que estos realicen quitas en torno al 20 por ciento de la deuda". Además, explica el representante de Unef, "a pesar de toda la documentación aportada para denunciar el injusto concepto de agrupación de instalaciones, el nuevo texto no lo modifica en absoluto". Especialmente grave, insiste Donoso, "es el caso de las grandes plantas que cuentan con cientos de pequeños inversores diferentes, a los que se les aplican los estándares más duros, con recortes cercanos al 50 por ciento". "En la misma situación están las pequeñas plantas que se encuentran cerca de una planta grande. En esos casos, la Orden considera que pertenecen a un conjunto de instalaciones, sumando sus potencias y aplicándole a ambas el estándar que corresponde a la suma", explica el director general de Unef. Recorte a la termosolar En relación con el tratamiento de las centrales termosolares, el secretario general de Protermosolar, Luis Crespo, considera "que no se cumple el principio de rentabilidad razonable que recoge la Ley, ya que no se ha tenido en cuenta el valor real de los costes incurridos por los promotores". Según Crespo, "el ambiguo criterio de empresa eficiente y bien gestionada no puede llevarse hasta el extremo de utilizar unas hipótesis y cálculos alejados de la realidad ni a reputar como válidos unos costes que hubieran supuesto la inviabilidad de proyectos". La propuesta de Orden, señala Crespo, "viene a añadir un 13 por ciento de recorte a la retribución de la termosolar, que se sumaría a las sufridas en los dos últimos años correspondientes a los cambios en el consumo de gas, tarifa fija, indexación e impuesto a la producción, que totalizaban un 37 por ciento de reducción retributiva". Y aunque en la memoria de Impacto Normativo se pone de manifiesto que se elevan los ratios de inversión y los gastos de explotación respecto a la propuesta inicial, "las modificaciones introducidas en los parámetros retributivos (Rinv y Ro) de las centrales cilíndrico parabólicas -la mayoría de las instalaciones termosolares- son simbólicas, del orden del 1 por ciento". Dichas modificaciones, "no alteran el hecho de que la consideración del ratio de inversión por Mw en todos los casos es menor que los ratios reales de las inversiones realizadas y de que los gastos de explotación por Mwh resultan muy inferiores a los reales al haberse estimado para su cálculo horas equivalentes de producción anual superiores a las reales", asegura el secretario general. En el caso de las instalaciones singulares -central hibridada con biomasa, Fresnel, torre de sales y torres de vapor-, Crespo señala que "no existiendo otras referencias y habiendo presentado sus cifras auditadas, los valores asignados tampoco se corresponden con la realidad de las inversiones ni con los costes de explotación". La eólica, la más afectada En el caso de la eólica, la propuesta de Industria mejora la situación de los parques con potencias iguales o inferiores a 5 Mw -que representan tan solo el 1 por ciento de la potencia total instalada-, mientras que empeora la de las instalaciones con una potencia superior a los 5 Mw (el 99 por ciento restante). En opinión del director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Luis Polo, "se confirma que la eólica es, de largo, la tecnología más afectada, la que sufrirá los recortes más importantes. Una auténtica injusticia cuando es la tecnología más barata y, sin embargo, va a ser la más perjudicada por la reforma". Es más, señala Polo, "en esta versión se le mejora la retribución a otras tecnologías, pero a la eólica se le reduce. Además, según los cálculos de la asociación, aplicando los nuevos parámetros, el sector eólico solo percibirá 1.186 millones de incentivos en 2014, frente a los 1.270 millones que dice Industria". Según los nuevos datos aportados por Industria en su propuesta de Orden, el sector eólico cobrará 19.300 millones en lo que queda de vida útil de los parques, lo que representa el 13,5 por ciento de las primas totales que se darán en España al antiguo Régimen Especial. Desde 1998, ha recibido 15.400 millones, el 27,3 por ciento del total, cuando ha aportado el 41 por ciento de la generación. En total, la eólica cobrará 34.700 millones (el 17,4 por ciento del Régimen Especial) a lo largo de la vida regulatoria de los parques existentes. Biomasa: Ligera mejoría El sector de la biomasa tampoco está contento. Consideran que el regulador continúa sin entender las características de estas instalaciones, de forma que, según afirman, ha mantenido medidas que complican la viabilidad de las mismas. Desde Unión por la Biomasa explican que no se les ha considerado prácticamente ninguna alegación y, por lo tanto, "se mantienen medidas especialmente perjudiciales como son unos costes de combustibles que ni siquiera se aproximan a los establecidos en los informes oficiales publicados por Idae-Minetur y unas limitaciones máximas de horas de producción que, si bien se han eliminado de sectores muy similares al de la biomasa (como el de la cogeneración, por ejemplo), no se ha hecho lo mismo para nuestro sector, a pesar de que también se cogenera con biomasa, lo que pone de manifiesto una clara arbitrariedad a la hora de regular que tiene como consecuencia directa la discriminación de las biomasas respecto a otros sectores". Las alegaciones que se han considerado para biogás, purines y residuos, diseñan un escenario poco diferenciado respecto al anterior -aseguran en Unión por la Biomasa-, pues las mismas suponen, en la realidad, "unos porcentajes de mejora en torno al 2-4 por ciento como máximo, dependiendo de la instalación de la que se trate". En el caso de las plantas de purines, desde la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (Adap) valoran negativamente la Orden "por ser continuista con los parámetros retributivos que se aplicarían con carácter retroactivo, lo que mantiene el esquema de quiebra económica en el que se encuentran las plantas de tratamiento de purines, incluso, lo empeora, ya que se incrementarían las cantidades a devolver por parte de estas instalaciones". La cogeneración, en pérdidas "El ejecutivo, pese a conocer que la situación es crítica para casi el 40 por ciento de las plantas, no rectifica los graves errores metodológicos de la numerología retributiva propuesta que desembocan en una pésima situación para cogeneradores e industrias", afirma Javier Rodríguez, director general de Asociación Española de Cogeneración (Acogen). En su opinión, "sólo se ha conseguido que se permita funcionar a la cogeneración las mismas horas que su industria, pero como en estas condiciones muchas industrias perderán dinero, no las van a funcionar". Rodríguez apunta que, según la memoria de la Orden, "también se corrigen mejoras técnicas para acabar con un 27 por ciento de minoración de la retribución frente a la de 2012. En una actividad donde el 70-80 por ciento de los costes son combustibles -aun con los números que indica el gobierno, minorados pues el impacto llega al 39 por ciento de la retribución de 2012-, se aboca a pérdidas a gran parte del sector". En cuanto a la retroactividad, señala el representante de la asociación de cogeneradores, "o bien el Consejo de Estado dictamina que supone infracción legal e invita al Gobierno a corregir su propuesta normativa, o el conflicto jurídico será mayúsculo".