El Gobierno devuelve a las compañía del sector la financiación del bono social El Ministerio de Hacienda ya ha revertido al sistema eléctrico 708 millones de euros que adeudaba por los tributos al sector que fueron recaudados durante el pasado año, según consta en la que se considera la liquidación definitiva de esta actividad del 2013. Las compañías eléctricas habían mostrado su malestar por el retraso en el ingreso de estos tributos por parte del departamento que dirige Cristóbal Montoro, quien asegura que la demora es consecuencia de la burocracia típica de la recaudación y de devengar los impuestos. En consecuencia, una vez contabilizado este ingreso, el déficit de tarifa se situó finalmente en 3.100 millones, esto es, 412 millones menos que el tope máximo legal permitido por el Ejecutivo para el pasado ejercicio. Sin embargo y de forma excepcional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) explicó con motivo de esta liquidación que aún está pendiente un nuevo cálculo que previsiblemente forzará aún más a la baja el desfase financiero del pasado año. En principio, esta liquidación adicional se realizará una vez que entre en vigor la nueva retribución para las renovable. Las tecnologías del extinto régimen especial reciben las primas a cuenta de la nueva regulación desde el pasado mes de julio y recoge un recorte anual de 1.700 millones de euros. El sector estima que, por tanto, el déficit de tarifa de 2013 puede reducirse en unos 700 millones adicionales como consecuencia del recorte de primas. En esta liquidación también se ha apreciado que la energía declarada se situó un 2,1 por ciento por encima de lo previsto en la orden ministerial de peajes de enero. Sin embargo, los ingresos correspondientes a la misma disminuyeron un 0,7 por ciento debido a aspectos como la menor demanda de consumidores que pagan un precio medio mayor. Además, el coste de las primas al régimen especial, en el que se incluyen renovables y cogeneración, ascendió a 9.200 millones de euros, un 1,9 por ciento menos de lo previsto, o 179 millones menos. El descenso responde a que muchas instalaciones fotovoltaicas han superado el límite de horas de producción. Por otro lado, los ingresos por los peajes del recibo de la luz se han incrementado en 183 millones. En esta liquidación también se han incluido costes adicionales como los 221 millones por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al sistema eléctrico a financiar el bono social y exime a las compañías eléctricas. De esta manera, el Gobierno devuelve la cantidad a razón de 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón. Un fallo que se extendió después a las cinco grandes eléctricas. Al anularse esta fórmula, el Gobierno cargó de forma provisional en 2013 el coste del bono social a la tarifa eléctrica, mientras definía el nuevo modelo. Ahora el Ejecutivo vuelve a obligar a las eléctricas a financiar el bono social pero con un sistema que elimina los elementos que el Supremo veía ilegales.