La Caixa y Sacyr sabían hace meses que Imaz sería consejero delegado del grupoRepsol está lista para cobrar la indemnización por la expropiación de YPF por Argentina. La petrolera española recibirá entre hoy y mañana los bonos que servirán como pago por el 51 por ciento de la petrolera argentina y que supondrá un ingreso que rondará los 5.300 millones de dólares (3.817 millones de euros). Un total de cinco bancos de inversión han valorado los bonos con el precio de los últimos 90 días, de modo que la española recibirá esta cantidad en las próximas 48 horas. La intención es que la entrega se oficialice antes del próximo 7 de mayo, fecha en la que se cumplirán dos años desde que se aprobó la actual Ley de hidrocarburos argentina. En dicha normativa se especificaba que Argentina tenía que indemnizar a Repsol por dicha expropiación en un plazo máximo de dos años. El acuerdo se alcanzó tras varias ofertas por parte argentina, en la que finalmente se alcanzó un acuerdo el pasado mes de noviembre, después de varios encuentros en los que incluso participó el ministro de Industria, José Manuel Soria, para negociar con uno de los artífices de la expropiación, el actual ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, y el secretario de la Casa Rosada, Carlos Zanini. El acuerdo consiste en la entrega por parte de Argentina de bonos con un valor nominal que rondará los 5.000 millones de dólares y otros 1.000 millones como garantía para recibir efectivamente un mínimo de 4.670 millones de dólares, Concretamente, el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pagará en bonos Bonar X ( 500 millones de dólares), Discount 33 (1.250 millones de dólares) y Bonar 24 (3.250 millones) y una cartera complementaria por un importe máximo de 1.000 millones compuesto por bonos Boden 2015 (400 millones de dólares), Bonar X (300 millones de dólares) y Bonar 24 (300 millones de dólares). La entrega de la cartera complementaria se ajustará de manera que el valor de mercado de todos los bonos entregados a Repsol ascienda, al menos, a 4.670 millones, con un máximo de 6.000 millones de valor nominal. YPF tendrá que celebrar el próximo 21 de mayo una nueva junta de accionistas para retirar la denuncia que impuso contra el presidente de Repsol, Antonio Brufau, por unos sueldos pagados al consejo de la petrolera argentina. La compañía aplazó la retirada el pasado 30 de abril, del mismo modo que dejó sin dar el visto bueno un plan de recompra de acciones de la compañía por valor de 200 millones de dólares para un programa de retribución a sus actuales directivos que ha generado un acalorado debate político en el país. Por otro lado, la petrolera española salió al paso este fin de semana de las especulaciones desatadas con el nombramiento de Josu Jon Imaz como consejero delegado. Repsol explicó que el nombramiento había sido consensuado con sus dos mayores accionistas, el presidente de la Caixa, Isidro Fainé, y el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, así como con el presidente de la Comisión de Nombramientos y retribuciones y consejero líder independiente, Artur Carulla. Todos ellos conocían las intenciones del presidente -de hecho, incluso se habían publicado por varios medios-, lo que desarma la estrategia de Pemex de asegurar que desconocía este movimiento. La petrolera española se decidió a tomar medidas una vez superada la junta de accionistas y resuelto el conflicto con Argentina. Brufau siempre mostró su interés por resolver el asunto y poco a poco reducir su peso en la petrolera. No obstante, este extremo no significa una salida a corto plazo. El presidente ha adoptado un modelo en el que mantiene la gestión financiera, la imagen y el control del consejo y deja el día a día del negocio en manos del consejero delegado, al igual que el modelo de otras empresas energéticas. Bolivia sigue sin pagar El Gobierno de Evo Morales, por su parte, sigue sin pagar las expropiaciones que realizó hace ahora también dos años a Red Eléctrica, Iberdrola y Aena con Abertis. Las empresas implicadas han tenido que acudir finalmente a un arbitraje internacional tras constatar que, pese a los anuncios de compensación realizados por el Ejecutivo boliviano, no se llegaba a ningún acuerdo concreto..