La Comisión Europea está trabajando actualmente en conseguir una mayor desregularización en el ámbito de las sociedades. Además de un documento aprobado el pasado noviembre, que establece líneas generales para incrementar la simplificación administrativa, es inminente la aprobación de un Reglamento y dos Directivas que van en la misma dirección.

F rente al tradicional objetivo dirigido a lograr la mayor aproximación de los ordenamientos jurídicos nacionales como herramienta de la movilidad de las empresas, favoreciendo, con ello, la libre circulación de las mismas y sus trabajadores, el actual programa de trabajo de la Comisión en sede de Derecho de sociedades se orienta a la desregularización comunitaria introduciendo el concepto de competencia entre los sistemas legislativos nacionales En esta línea, la Comisión adoptó en julio del año 2007 una Comunicación titulada ¿Cuánta regulación necesita Europa? ("Commission communication on a simplified business environment for companies in the areas of company law, accounting and auditing, COM 2007 394", cuyo texto y resumen de las reacciones a la misma pueden verse en http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm) El Consejo en su formación Competitividad adoptó en su sesión de los días 22 y 23 de noviembre de 2007 unas conclusiones que constituyen un primer paso en relación a dicho nuevo objetivo, estableciendo unas líneas generales para incrementar la simplificación administrativa en el entorno de las empresas. En dicho documento se plantea la conveniencia de limitar a las operaciones transfronterizas las previsiones del Derecho comunitario referentes a fusiones y escisiones de sociedades anónimas y la de modificar la segunda y duodécima directiva a fin de limitar su regulación a los aspectos transfronterizos. Se encuentran, además, en fase evaluativa una futura propuesta de directiva de traslado de sede -a día de hoy prácticamente descartada- y también la modificación de la segunda, en orden a la determinación de proporcionalidad entre capital y control en las sociedades cotizadas (documentos relativos a impacto de la futura propuesta, elaborados por los servicios de la Comisión de 12 de Diciembre de 2007 SEC (2007) 1707 y 1705, respectivamente) En este estado de cosas, la Comisión acaba de anunciar la inminente aprobación de las propuestas de un Reglamento y dos Directivas. Respecto del primero, dentro del llamado paquete SBA -Small Businees Act-, se anuncia una propuesta de Reglamento regulador de la sociedad privada europea. Aunque pudiera parecer, por su denominación, que con ello sólo se esta continuando el proyecto de la SAE y SCE -éste ultimo aún sin adecuar a la compleja realidad cooperativista española-, el tema es bien distinto. El Reglamento 2157/2001, enmarcado en el viejo ideal de la societas europea, no logró la finalidad inicial de que el mismo estuviera exclusivamente regulado por el Derecho comunitario. Al contrario, se introduce una muy compleja prelación normativa entre el Derecho comunitario y el Derecho nacional, manifestación a su vez de una difícil negociación que condujo a una forma mixta y que dificulta su implementación práctica. Filosofía novedosa La SAE es claro ejemplo de modificación estructural de una sociedad anónima mediante integración. Es más, el proyecto SPE presenta a una filosofía totalmente nueva que no responde a petición alguna de los operadores económicos, solapando además otros textos en aparente estudio, como es el correspondiente a la función del capital social. Además, por el contrario a la SAE, la SPE, aunque deja como posible la vía de la modificación estructural, se constituye en principio ex novo, entre personas físicas o jurídicas o con carácter unipersonal, dejando un escaso margen de regulación a los Estados miembros. El Reglamento establecerá el estatuto, en sus siglas inglesas AA (Articles Association). Se permitirá una flexibilidad contractual a las sociedades, sobre la base de un mínimo contenido obligatorio, especialmente en el funcionamiento societario. Corresponderá exclusivamente a los Derechos nacionales regular lo relativo al régimen social, impuestos, contabilidad, insolvencia y ejecución y garantizar un único control de legalidad. La SPE tendrá un capital mínimo de un euro y en su estado actual de redacción no clarifica ni la posibilidad de autocartera ni el límite de responsabilidad de los socios en el contexto societario por señalar dos temas de máxima importancia. Al igual que en la SAE y SCE, se contempla el régimen de implicación de trabajadores, más al requerirse para las pymes dicha participación sólo en algunos Estados será un tema que corresponda regular a la legislación del país de su sede registrada. El segundo bloque normativo anunciado se refiere a la simplificación administrativa de las sociedades. Comprende, en primer lugar, una propuesta de Directiva que modifica las 68/151/CEE (primera) y 89/678/660/CEE (undécima) del Consejo. Resumidamente, la nueva propuesta pretende sustituir la publicación en papel o gaceta de los actos relativos a la constitución y demás actos relativos a la sociedad por una plataforma electrónica. Quedaría suprimida toda publicación en periódicos. Los Estados no podrán provocar ningún coste específico a las empresas derivado de esta plataforma ni de cualquier otra publicación. La plataforma será mantenida por los costes de registro de los actos que se publiquen. No pretende la directiva alterar la organización administrativa de cada Estado -en el nuestro, Registros mercantiles provinciales y Registro Central- pero, de alguna manera, deberá regularse el acceso a dicha plataforma electrónica y el coste de la publicidad formal como ingresos dirigidos al mantenimiento de la misma. Traducción En orden a la inscripción de las sucursales prevé asimismo una simplificación, ésta vez referida a los costes de traducción. Bastará una traducción autenticada para su publicación en lengua distinta de la del Registro, con sujeción a la directiva de diplomas. La publicación en lengua distinta de la del Registro será posible siempre que la autenticación se haya hecho de conformidad con el procedimiento aceptado por las autoridades de otro Estado miembro. Por fin, se anuncia una nueva directiva que modificará las 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (cuarta y séptima), en relación a determinados requisitos de información de las medianas empresas y la obligación de confeccionar cuentas consolidadas. Se pretende la reducción de cargas administrativas de las pymes suprimiendo la obligación de divulgar los gastos de establecimiento, así como la distribución del volumen de negocios por actividades y mercados geográficos. Asimismo, a consecuencia del impacto de la entrada en vigor de las NIC y las NIIF en las cuentas consolidadas, no será necesario consolidar aquellas filiales que, por su ínfima trascendencia sobre la matriz, su información no afecte a la imagen fiel de la misma. La tramitación de estos expedientes quiere concluirse en 2008, aunque la SPE precisará de más flexibilización para alcanzar un acuerdo político.