De Cabo y Losada afrontan 8 y 4 años de cárcel tras colaborar con la justiciaLa Fiscalía ha pedido 15 años de cárcel y una multa de cinco millones de euros para el empresario Gerardo Díaz Ferrán por vaciar el grupo Marsans y fingir su insolvencia para evitar pagar a los acreedores. En concreto, el expresidente de la CEOE tendrá que responder ante la justicia por la comisión de un delito continuado de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal. La pena solicitada por el ministerio público es menor que los 21 años pedidos por Meliá, AC Hoteles e Iberojet por alzamiento de bienes e insolvencia punible. El empresario, en prisión preventiva desde 2012, dejó en manos de Ángel de Cabo sus firmas y casi todos sus bienes (coches de lujo, fincas en Mallorca, locales, yate) para evitar embargos y así "mantener su altísimo nivel de vida", pese a la "lamentable situación patrimonial que afectaba tanto al grupo como a su patrimonio personal", asegura el fiscal anticorrupción en el escrito de acusación presentando ante el juez Eloy Velasco, para cerrar la instrucción y dar paso al juicio oral. Y es que, según los autos concursales, el déficit patrimonial de Marsans cuando declaró la antigua suspensión de pagos era de 270,8 millones mientras que la diferencia entre la masa activa y la pasiva en el concurso de Gerardo Díaz Ferrán era de 413,7 millones. El déficit de su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, era de 313 millones de euros. Así, para la Fiscalía queda probado que Díaz Ferrán contactó con Ángel de Cabo y su entorno, del que formaba parte Iván Losada, Susana Mora y Ángel Tormo, entre otros, para esconder sus bienes y sociedades de los acreedores mediante ventas ficticias, cruce de deudas, créditos falsos... De Cabo, a través de la firma Posibilitum, se dedicaba de forma concertada y continuada "a dichas actividades delictivas de vaciado de empresas y ocultación patrimonial en perjuicio de acreedores de distintas compañías" como por ejemplo: Nueva Rumasa, Teconsa, grupo NFD, tal y como recoge el escrito de acusación. En este punto, el ministerio público ha pedido ocho años de prisión y una multa de cinco millones para De Cabo por alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, integración en grupo criminal entre otros. Por su parte, Losada, mano derecha del presidente de Posibilitum, afronta una pena de 4 años y tres meses y una multa de dos millones por los mismo delitos. Ambos liquidadores, en prisión provisional, han colaborado con la justicia en el transcurso de la investigación. Así, De Cabo ayudó a la "localización de activos cuya existencia era desconocida", mientras que Losada facilitó datos sobre "créditos fiscales que podrían llevar a la recuperación de 2,4 millones de euros de IVA abonado en Luxemburgo", explica el fiscal. De los once acusados que tiene finalmente la causa, Gerardo Díaz Santamaría, hijo del fundador de Marsans, y el fiscalista Rafael Tormo, son dos de los que afrontan mayores penas. Por ejemplo, el hijo de Díaz Ferrán, que presuntamente colaboró en la ocultación y venta de bienes, se enfrenta a una condena de 8 años y 9 meses y Tormo a una de 4 años y nueve meses, además de la multa de cinco millones por blanqueo. Este último fue el que diseñó la red internacional para esconder los 34 millones "distraídos" de un crédito de Astra contra Airbus y la caja sacada de empresas como Trapsatur (hasta 13 millones). Abrió cuentas en paises de riesgo como Chipre, Suiza, Liechtenstein, Malta, Panamá y Hong-Kong., Susana Mora, la secretaria de De Cabo, afronta una pena de 4 años y nueve meses. En su casa encontraron 1,02 millones en efectivo.