El Gobierno asumiría 2.400 millones de deuda y expropiaciones por 1.200 millonesLa gran banca española (Banco Santander, BBVA, La Caixa, Banco Popular, Sabadell y Bankia) aceptará las quitas de hasta el 50 por ciento impuestas por el Gobierno como condición para crear la sociedad pública de autopistas en la que Fomento quiere integrar las vías de peaje en riesgo de quiebra. De esta forma, según confirman fuentes del sector, aunque las entidades acreedoras tienen hasta el próximo lunes para aceptar o rechazar esta propuesta, la decisión ya está tomada. Así, dado que la banca nacional es la principal acreedora de las empresas concesionarias en concurso de acreedores con alrededor de un 70 por ciento de su deuda total (2.600 millones sobre 3.800 millones de euros), fuentes del sector ya dan por hecho un acuerdo que pondrá fin a varios años de negociaciones infructuosas entre la administración y el sector privado. No obstante, según estas fuentes, otra cosa es lo que sucede con las entidades extranjeras, muy molestas con el hecho de tener que asumir pérdidas en esta aventura. Sobre el impacto que la nueva ley concursal podría tener en este caso, las fuentes consultadas aseveran que no tendrá efecto ya que ésta solo es válida para empresas que sean viables. Reunión en Fomento La dimensión de las quitas que la banca tendría que asumir para poder crear la mencionada sociedad de autopistas, con capital cien por cien público, fue expuesta ayer por la ministra Pastor y el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, en una reunión con los seis bancos mencionados y varios representantes de la patronal de las grandes constructoras (Seopan). En ese encuentro se precisó que a los 3.800 millones de euros de deuda de las concesionarias habría que aplicar una quita del 36 por ciento hasta los 2.400 millones. El otro 14 por ciento vendría dado por el hecho de que el pasivo resultante, esos 2.400 millones de deuda con que se constituiría la nueva empresa, se convertirá en un bono del Estado a 30 años y una rentabilidad del 1 por ciento, lo que se entiende como una quita implícita por alargar el vencimiento de esa deuda. La devolución de esa cantidad se hará con cargo a las arcas públicas y los ingresos de explotación que obtenga la futura empresa. Esto da como resultado que el Gobierno asuma directamente la mitad de la obligaciones financieras de estas empresas, algo que no ha gustado a otras fuerzas políticas. En unas declaraciones a través de la red social Twitter el portavoz de Fomento del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, advirtió al Gobierno poco después de conocerse la noticia de que su grupo se opondrá a cualquier rescate de las autopistas de peaje que implique el uso de fondos públicos. "Si las autopistas de peaje no compartieron sus ganancias con la sociedad, la sociedad no ha de compartir ahora sus pérdidas", explicó. En el marco de esta propuesta el Gobierno, además de tener que cargar con esa deuda de 2.400 millones, también asumiría el coste de las expropiaciones a las que aún tienen que hacer frente las concesionarias y que podría ascender a 1.200 millones de euros. Las razones que han empujado tanto Fomento como Hacienda a optar por el modelo de una sociedad pública al cien por cien, la cual tendrá bajo su gestión un total de 748 kilómetros de carreteras de peaje (el 22 por ciento de toda la red en España), obedecen a la necesidad de evitar que su creación puede tener un impacto en el déficit público, donde Bruselas mira con lupa cualquier desvío. Asimismo, también se pretende que la sociedad nazca con un menor coste por servicio de la deuda y una mayor viabilidad y, por tanto, un menor riesgo de que la UE la considerara como ayudas de Estado. Tanto las constructoras, propietarias de las empresas concesionarias, como las entidades financieras aseguran que el impacto de las quitas será neutro puesto que estos pasivos ya han sido provisionados. Impacto de la liquidación La solución presentada por Fomento también evita la liquidación de las concesionarias en riesgo de quiebra, lo cual tendría un coste para el Estado de alrededor de 5.000 millones de euros según las últimas estimaciones. Este quebranto se derivaría de la responsabilidad patrimonial del Estado en estas vías. Una de las dudas que surgen ahora es cómo el Gobierno logrará hacer rentables estas carreteras. Y es que todas ellas perdieron hasta un 52,3 por ciento de su tráfico medio diario de vehículos durante los dos primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2013.