Para lograrlo reclamarán la responsabilidad patrimonial del Gobierno y los pagos indebidosMontoro intenta que la UE le exima del pago al considerarlo ayudas del estado para las empresasLa devolución del céntimo sanitario se ha convertido en una patata caliente para el Ministerio de Hacienda. Fuentes consultadas por elEconomista aseguraron que los transportistas están preparando ya una batería de reclamaciones en las que pedirán la responsabilidad patrimonial del estado para poder recuperar el máximo posible. Con esta medida, los empresarios recuperarán las cantidades pagadas desde el año 2002, lo que elevará notablemente la factura para el Gobierno y las Administraciones autonómicas. En caso de no realizar esta petición, el Ejecutivo únicamente tendría que devolver los ingresos fiscales indebidos desde el año 2009 (3.000 millones). Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha una serie de medidas para tratar de evitar la devolución, que en el peor de los casos podría llegar a ascender a los 13.000 millones de euros. Para ello, ha enviado el pasado día 10 a la Unión Europea una petición de aclaración sobre la sentencia del Tribunal Justicia de las Comunidades Europeas en la que se ha interesado sobre si la devolución de este impuesto puede contravenir las propias reglas de la Comisión Europea en cuanto a ayudas de Estado. Hacienda ha indicado además que este impuesto era un gasto deducible en Sociedades y en el IRPF, por lo que indicó que será necesario regularizar la minoración de los gastos para el ejercicio de una actividad y advierte de que la Agencia Tributaria realizará comprobaciones de los justificantes y las facturas y verificará que hubo un ingreso efectivo de las cuotas para evitar devoluciones cruzadas entre vendedor y consumidor final, o evitar devolver cuotas ya devueltas. Según indicaron fuentes de Hacienda, Montoro prevé mantener una reunión con las Comunidades Autónomas para aclarar la devolución de este impuesto, que contaba también con un tramo autonómico. Sólo Aragón, Canarias, País Vasco y La Rioja no aplicaban este recargo. El resto sí lo han adoptado y la mayoría optó por el tope de 4,8 céntimos por litro de carburante. Las petroleras y las estaciones de servicio, entretanto, se han mostrado preocupadas por el elevado nivel de documentación que van a tener que manejar en los próximos meses para poder responder a todas las peticiones de información que reciban por parte de los clientes. Asimismo, los bancos se espera que reciban también un aluvión de peticiones de clientes particulares, aunque para estos se espera que el ministerio complique la reclamación pidiendo facturas sobre los litros repostados. Opciones para las empresas Con este panorama, los empresarios tienen varias vías de actuación. En el primer caso, las empresas que no han declarado nada pueden solicitar los ingresos indebidos entre 2010 y 2012 y la responsabilidad patrimonial por lo recaudado entre 2002 y 2009, al igual que los empresarios que reclamaron y no se encuentran en un contencioso con alguna Administración autonómica. En el caso de las empresas que han reclamado por la vía judicial y sus recursos han sido desestimados, como ya se ha producido en Asturias, Cantabria, Baleares y Navarra, también pueden reclamar los ingresos indebidos y la responsabilidad patrimonial del estado. Las empresas que se encuentran inmersas en vía judicial y sin sentencia deberán esperar a que se produzca la misma para reclamar los ingresos indebidos y esperar a la primera devolución para comenzar con el trámite de la responsabilidad patrimonial. Finalmente, los empresarios que hayan trabajado en territorios forales (Álava, Vizcaya o Guipúzcoa) sólo podrán solicitar, de momento, los ingresos indebidos. El Gobierno prepara además durante estos días una reforma en la que se espera que además puedan incluirse cambios en las fiscalidad de los carburantes.