Las entidades se enfrentan a la cervecera para que el pasivo llegue a 1.000 millonesLa banca acreedora se ha plantado ante Damm y Luxempart y ha exigido que se reconozca una deuda en Pescanova tras la quita de 1.000 millones de euros, frente a los 700 millones recogidos en la matriz en la propuesta que se presentó ante el juez por la compañía. Las entidades financieras aseguran que "Demetrio Carceller (en alusión al presidente de la cervecera catalana) nos ha engañado y ha presentado una propuesta que no se corresponde en nada con lo pactado". El portavoz de uno de los bancos afectados se mostró ayer tajante en este sentido: "O se cambia la oferta de convenio y se acepta la deuda pactada o la rechazamos e instamos la liquidación". Los bancos españoles, que representan el 73 por ciento de la deuda, encargaron a KPMG que evaluara la propuesta presentada por la empresa y su sorpresa ha sido que está llena de datos que en ningún momento formaban parte del acuerdo con Damm. Al margen de la deuda, la cervecera catalana y Luxem- part se reservaron por ejemplo un derecho de veto, con menos de un 30 por ciento del capital, que los bancos exigen ahora quitar. Aunque la oferta se presentó el 3 de marzo, fecha límite exigida por el juez, los bancos creen que será posible cambiarla y evitar así la quiebra definitiva de la compañía. La cervecera catalana insiste, sin embargo, en que su propuesta no es sólo para la banca sino para todos, "con el objetivo de poder salvar la empresa". La propuesta presentada por la compañía plantea que Damm y Luxuempart contarán con el 30 por ciento del capital y el resto lo tendrán los acreedores que financien y capitalicen los créditos. Pero ahora habrá que esperar a cómo se solucionan las diferencias, que, según temen en la propia compañía, pueden retrasar aún más el proceso, agravando así la complicada situación financiera del grupo, que cuenta con liquidez tan sólo hasta el próximo verano para seguir operando. Por otro lado, el juez que gestiona el concurso ha dado tres días a la empresa para corregir también su oferta. En concreto, exige retirar los derechos de veto, que permitían a la banca oponerse a que hubiera inyecciones en las filiales extranjeras. "No puede formar parte de la propuesta la determinación en sentido alguno del ejercicio del derecho de oposición por los acreedores vinculados", dice el juez.