El Banco de España descartó irregularidades en las operaciones denunciadasUn pequeño accionista del antiguo Banco Pastor sentará en los tribunales a su cúpula. El expresidente de la entidad, José María Arias Mosquera, y su consejero delegado, Jorge Gost, han sido imputados en relación a una querella que les atribuye presuntos delitos de administración fraudulenta, societario, de falsedad en documento mercantil y de estafa por operaciones intragrupo que, supuestamente, permitieron enmascarar una delicada situación de solvencia de la entidad. El accionista Manuel G. S. denunció en 2011 que la asistencia financiera del Pastor a filiales inmobiliarias de su propiedad permitió ocultar los quebrantos en los que dichas sociedades incurrían. El juzgado de instrucción número 3 de A Coruña se inhibió en un primer momento a favor de la Audiencia Nacional y solicitó un informe al Banco de España, que concluyó que la demanda carecía de base justificativa, indicaron fuentes al tanto del proceso. Pero la Audiencia Nacional rechazó la inhibición y el caso ha vuelto ahora al tribunal gallego. El supervisor lo avaló El juez iniciará hoy la toma de declaraciones, con la testificación de José María Arias, y del consejero delegado, Jorge Gost. La querella imputa al consejo de administración del Pastor, fusionado a finales de 2011 en el Popular, integrado por aquel entonces por nueve vocales. La entidad mostró ayer respeto por la labor de los tribunales, pero también su disposición a contraatacar en el juzgado: "Ante la injusta interposición de la querella contra el antiguo consejo del Pastor, tanto los querellados, como el propio banco, se reservan el ejercicio de cuantas acciones le correspondan en la defensa de su buen nombre, incluidas las de índole penal". Las operaciones denunciadas se remontan a los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Un pequeño accionista de Barcelona sostiene en su denuncia que las cuentas "eran falseadas mediante una trama financiera articulada con sociedades de las que el propio Banco Pastor era propietario", informó ayer Europa Press. Según su relato, la entidad otorgaba créditos o inyectaba capital a las filiales inmobiliarias, que "dejaban de ser insolventes" para poder cobrar los intereses devengados por ellos, "ponerlos en los resultados" y dar así una apariencia mejor de solvencia en su operativa. La denuncia, acompañada de dos informes económicos, cifra en "más de 200 millones" las pérdidas de las filiales, "derivadas de no ingresar dinero por su actividad y tener que responder de unos intereses de los créditos hipotecarios otorgados por sus propios dueños", informó Efe. Es práctica habitual de la banca asistir a sus filiales inmobiliarias en operaciones societarias. Y el Banco de España determinó que no puede concluirse "ningún tipo de irregularidad". En el bufete Frade Gobero, que asiste al denunciante, criticaron el informe del supervisor e indicaron a EP que solicitarán que declare el autor, porque no lo consideran conforme a derecho.