Los bancos se quedan en minoría en la gestora e incorpora al secretario del Tesoro y a un representante de HaciendaEl Gobierno entra de lleno en la gestión del Fondo de Garantía de Depósitos, construido y nutrido en su origen con recursos de los bancos y cajas a fin de proteger a los ahorros de clientes, pero convertido durante la crisis en una caja extra para afrontar la factura de las entidades quebradas. En una modificación de última hora a la Ley de Solvencia, el Ejecutivo deja en minoría a las entidades financieras en su Comisión Gestora e incorpora por vez primera a un representante del Ministerio de Economía y Competitividad y otro de Hacienda. El ministro de Economía, Luis de Guindos, enmarcó ayer el cambio en la decisión del Eurostat de incluir desde 2012 las ayudas del Fondo de Garantía en la esfera del sector público, de forma que potenciales quebrantos afectarían al déficit. Los Gobiernos, tanto de Zapatero como de Rajoy, han revertido buena parte del coste del rescate de antiguas cajas a la banca. Con cargo a la hucha para proteger el ahorro se han comprometido 20.939 millones en salvamentos de entidades, garantías para proteger de riesgos emergentes a compradores de entidades subastadas o crear la Sareb. La Asociación Española de Banca (AEB) cifró el pasado año en 13.356 millones las pérdidas ya materializadas, a sumar a los 53.555 millones inyectados, y de dudosa recuperación, con cargo al Erario. Un recurso que ha forzado a las entidades a asumir sustanciosas derramas y más que duplicar sus aportaciones, tras vaciar las reservas acumuladas antes de estallar la crisis. El Ejecutivo del PSOE echó mano del Fondo por vez primera. Bajo Gobierno del PP, se añadió la carga de crear la Sareb, y se reguló su asistencia al Fondo de Reestructuración (Frob). Ahora se cambia la Comisión Gestora. Se reducirá de doce a once el número de sillones, rompiendo la paridad existente hasta ahora entre el sector y el Banco de España. Las entidades perderán un representante -conservará cinco-, y el supervisor cederá dos de sus seis puestos originales a Economía y Hacienda, cargos que serán ocupados por el secretario general del Tesoro y el Interventor General del Estado. Se redistribuyen además los sillones: los bancos recibirán tres y uno para las cajas y otro para las cooperativas de crédito. En la actualidad, los ocupan representantes de BBVA, Banco Santander, CECA, Caixabank, Cajamar y Caja Laboral. El Fondo dispondrá de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, que ahora llega al Congreso para su trámite parlamentario, para adecuar la Comisión. No obstante, se requerirá una mayoría de dos tercios de sus vocales para efectuar derramas adicionales o adelantar pagos.