Declara ahora una 'participación significativa' del 6,5% que tenía desde mayomadrid.El presidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero, puede tener problemas por la confusión generada por sus participaciones. La CNMV asegura que el empresario no ha comunicado de forma correcta las participaciones que tiene en Metrovacesa, lo que podría suponer un incumplimiento del reglamento de comunicación de participaciones significativas. Hasta el miércoles, al supervisor sólo le constaba que el presidente de Metrovacesa tuviera un 4,37 por ciento -a través de Inmopark 92 Alicante (0,81%), Quimafa (2,326%) y Gramano (1,233%)-, pero el propio Rivero aseguró que ya era público que controlaba el 6,55 por ciento en el folleto de su opa del 5 de mayo. El presidente comunicó el miércoles al regulador una posición que el supervisor no tenía archivada. Se trata del 2,18 por ciento que posee a través de la sociedad de inversión holandesa Stenenberg Holding, la firma con la que controló Bami hace cuatro años y que no constaba a los ojos de la CNMV. Stenenberg guardaba el 2,18 por ciento del capital de Metrovacesa para Rivero, con lo que eleva su control del 4,34 al 6,55 por ciento del capital. La participación aflora ahora, aunque quedó recogido en el folleto de la opa el pasado 5 de mayo. En ese mismo documento, Rivero declaraba que el 5 de mayo de 2005 tenía el 4,37 por ciento, pero en el informe de Gobierno Corporativo de 2005 sólo aparece comunicado un 2. Error. Según datos de la CNMV, Rivero dijo tener un 2,045 por ciento el pasado 30 de enero, un 4,393 el 31 de enero, tras la compra de las acciones de Portillo; el 8 de agosto mantenía un 4,371 por ciento y el 9 de agosto comunicó el control sobre el 6,55 del capital, que ya tenía en mayo. Un portavoz de la inmobiliaria afirmó que "sólo es una cuestión relativa a las acciones representadas -en manos de los familiariares de Joaquín Rivero- y que, desde luego, eran conocidas sobradamente por el mercado". Por su parte, una portavoz de la CNMV aseguró que "la participación actual no ha sido comunicada hasta el 9 de agosto".A priori, este desacuerdo entre regulador y accionista podría suponer un incumplimiento del decreto de comunicación de participaciones significativas, que indica que los consejeros de compañías cotizadas deberán comunicar "todas las adquisiciones o transmisiones de acciones" en un plazo de siete días desde la fecha de realización de la operación; Rivero podría haber tardado tres meses.