La eléctrica recurre ante Industria las condiciones del regulador por considerarlas "inválidas"El Gobierno español confía en que Bruselas no le abra expediente por los requisitos a la alemanamadrid. Se cumplió el guión previsto. Después de que E.ON lo registrara el jueves, Endesa presentó ayer ante el Ministerio de Industria su recurso de alzada a las 19 condiciones fijadas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la opa de la eléctrica alemana. La conclusión es clara y contundente: "no existe ni un solo indicio de que la adquisición de Endesa por E.ON vaya a entrañar una amenaza real y grave para la seguridad pública en nuestro país".Bajo ese argumento general que se recoge en un extracto del recurso de alzada presentado por Endesa al que ha tenido acceso elEconomista, la eléctrica española se emplea a fondo en rechazar el "troceamiento" de la compañía alertando de que si se produce ese desmembramiento sí se podría poner en entredicho la calidad del servicio que presta a sus clientes. Al hilo de esta premisa, la eléctrica española expone que las condiciones "se han impuesto sin que exista en absoluto una amenaza real para el interés público" y da un paso más allá en su dura crítica al indicar que "la decisión de la CNE se adopta sobre la base de la simple posibilidad de que en un futuro pudieran producirse determinadas situaciones, las cuales, por consiguiente, no constituyen en el presente una amenaza real y, por ende, no legitiman la adopción de las medidas establecidas por la CNE".Las condicionesEl grueso del recurso presentado por Endesa se centra en la "invalidez de las condiciones novena a undécima" que comprenden la obligación a E.ON de vender el cien por cien de la central nuclear de Ascó I; la totalidad de los activos de los sistemas insulares y extrapeninsulares; y las centrales térmicas de carbón de Compostilla, Complejo Minero Eléctrico de Teruel y la participación en Anllares. A juicio de los servicios jurídicos de Endesa, el concepto de riesgo que utiliza la CNE "no es más que una opinión carente de justificación alguna" al considerar que para el regulador que preside Maite Costa "la mera posibilidad de que se adopten (o no) determinadas decisiones se elevan a la categoría de fundamento". Endesa también rechaza en su recurso las condiciones impuestas a E.ON por ser una empresa extranjera a la vez que recuerda que en otros casos similares -como la entrada de la italiana Enel en Viesgo-, el organismo que preside Costa argumentó que la "primera consecuencia positiva es la reducción del grado de concentración del sector eléctrico español mediante la aparición de un nuevo agente (...) con lo que disminuye la importancia de Endesa respecto al resto de operadores, mejorando las condiciones estructurales y de rivalidad entre los mismos, en beneficio del sistema eléctrico y de sus consumidores".Endesa también denuncia la "restricción a los derechos fundamentales como son la libertad de empresa y a la propiedad privada" al obligarse a E.ON a enajenar determinados activos. A la vez, acusa al regulador energético de vulnerar el principio de proporcionalidad por aplicarse un trato desigual en circunstancias parecidas a otros casos con los que se ha enfrentado la CNE. Por tanto, las condiciones son "inválidas", sentenciaron.A la luz de estos argumentos, la eléctrica que preside Manuel Pizarro se reitera en su conclusión que resume en que las medidas dictadas por la CNE son "inidóneas para la consecuciónde del fin supuestamente pretendido por las mismas, consistente en la garantía de la seguridad del suministro energético y, por el contrario, ponen ésta en peligro".El Gobierno es optimistaMientras tanto, la guerra energética que mantienen el Gobierno y las eléctricas, libra su particular batalla en Bruselas, una batalla de la que el Gobierno confía en salir victorioso. Al menos así de optimista se mostró ayer el secretario de Estado de Economía, David Vegara, quien dijo no temer que la Comisión Europea abra un expediente a España por las condiciones de la CNE a la opa de E.ON.Vegara señaló que el Ejecutivo entiende que la resolución de la CNE "está bien fundamentada en aspectos relativos a la seguridad pública", figura que el reglamento de concentraciones de la UE reconoce como un elemento excepcional. La carta que envió el jueves España a Bruselas explica "con todo detalle" las razones que están detrás de las condiciones de la CNE. A pesar de mostrarse convencido de que la decisión del regulador energético se ajusta a la normativa europea, Vegara reconoció que la Comisión Europea puede tener una opinión distinta sobre la misma.