La CNMC propone un alza de entre el 1,4% y el 2,9% y reseña que es un mecanismo transitorioComercializadoras independientes, 'brokers' y bancos ya habían cerrado posiciones financierasEl Gobierno subirá previsiblemente la luz por encima del 2 por ciento desde el próximo 1 de enero. Ayer mismo, el Ejecutivo recibió la propuesta del nuevo superregulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que marca un nuevo precio para la energía y que busca salvar los muebles tras haber suspendido la subasta eléctrica, celebrada el pasado 19 de diciembre y que arrojó un alza del recibo del 11 por ciento. El organismo que preside José María Marín Quemada propone elevar la factura eléctrica un 1,4 por ciento o un 2,9 por ciento el recibo de la luz en función de si se toma como referencia el precio a plazo del mercado en el último semestre disponible o bien el último trimestre disponible. Fuentes cercanas al Gobierno avanzaron a Ep que el Ejecutivo se decantará previsiblemente por la banda baja de estos precios, es decir, el 1,4 por ciento de subida a lo que habría que sumar el 0,8 por ciento derivado del incremento en la parte regulada del recibo, que tiene como objetivo absorber los 3.600 millones de nuevo déficit para este año. No obstante, fuentes de Industria explicaron a este diario que la propuesta de la CNMC se llevará al Consejo de Ministros que se celebrará hoy y donde se adoptará la decisión definitiva. Hay que tener en cuenta la presión social generada por el fuerte incremento marcado en la subasta, tras el cual se ha pedido la congelación del recibo de la luz desde diversos ámbitos. El superregulador destaca que las dos opciones trasladadas forman parte de un mecanismo transitorio que permitirá "soslayar" el efecto de no haber considerado válida la última subasta Cesur. A juicio de la CNMC, este mecanismo "debe resultar de aplicación en el mínimo tiempo posible". Esta institución se ha cuidado mucho de que sus conclusiones sobre la investigación de la subasta eléctrica no tenga consecuencias penales y ahora advierte al Gobierno de los efectos adversos de fijar un nuevo precio al margen del mecanismo vigente hasta el momento. En este sentido, reconoce la posibilidad de futuras subidas del recibo para compensar a las comercializadoras, ya que se quedarán sin cobertura para el primer trimestre de 2014, al haberse invalidado la subasta. Soluciones para las eléctricas Tras la intervención del Gobierno las comercializadoras de último recurso, que pertenecen a las cinco grandes eléctricas, pueden verse obligadas a comprar más caro de lo que venden y a sufrir pérdidas. Como soluciones, la CNMC propone compensar a través de la parte regulada del recibo o en las revisiones tarifarias del próximo año a las comercializadoras de último recurso (que se encargan de la tarifa que fija el Gobierno para menos de 10 kilotavios y a la que están acogidos 16 millones de hogares). El problema es que la propia CNMC reconoce que esta posibilidad daría origen a un nuevo déficit de tarifa, al tener que añadir un nuevo coste en el sistema, o incluso podría tener la consideración como una "ayuda de Estado". Otro inconveniente sería la pérdida de señal del mercado para la fijación de la tarifa, de modo que distorsionaría el mercado minoristas y tendría un efecto negativo sobre los participantes en el mercado. Aparte del malestar con las eléctricas a las que el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha acusado de manipular el mercado, el Ejecutivo también ha desatado la ira de los traders y entidades financieras por haber intervenido el mercado y poner un precio muy alejado al que cerraron posiciones financieras para participar en la subasta con la expectativa de obtener beneficios en la puja. En concreto, estos agentes dominan la subasta y buscan coberturas de riesgo. Así, en la Cesur del pasado jueves el diferencial fue del 7 por ciento respecto al precio que se venía marcando en el mercado de futuros. A la luz de lo que ha ocurrido, algunos expertos consideran que esta prima de riesgo es irrisoria y que no es más que el resultado de los vaivenes regulatorios y de la inseguridad jurídica que azota al sector eléctrico. El sector ya da por descontado el aluvión de demandas contra el Gobierno por haber suspendido la subasta y dudan de la base legal para hacerlo. Tal como adelantó elEconomista.es, Industria se amparó en la orden 1659/2009 que en su Artículo 14.2 establece que el regulador puede no validar la subasta en un plazo de 24 horas si ha detectado comportamientos no competitivos o faltas en el desarrollo de la misma. Pero lo que alegó la CNMC fueron circunstancias "atípicas" por la escasa presión competitiva y la falta de agentes, es decir, un supuesto que no estaba contemplado en la regulación.