Emma Bonino, ministra de Política Europea, defiende la presencia de ACS en el nuevo grupoAlgunos miembros del Ejecutivo se enteraron por sorpresa del veto de Di Pietro y Padoamadrid. ¿Ruptura interna o división de pareceres? La línea que separa una de otra es muy estrecha, pero siempre dirige al mismo punto: hay dos bandos. Esto es lo que está pasando en el Gobierno italiano. El Ejecutivo presidido por Romano Prodi tiene dos visiones claramente enfrentadas sobre el veto impuesto por Antonio di Pietro, ministro de Infraestructuras; y Tommaso Padoa-Schioppa, su homólogo en Economía, a la fusión de Abertis con Autostrade.La primera en levantar su voz contra esta decisión ha sido Emma Bonino, ministra de Comercio Internacional y de Política Europea del país transalpino. La ex comisaria europea de Pesca, Política de Consumidores y Ayuda Humanitaria considera obsoleta la norma que prohíbe la presencia de un constructor en el accionariado de Austrade, según ha reconocido en una entrevista con Il Sole 24 Ore.Como adelantó elEconomista el lunes, varios miembros del gabinete italiano recibieron con sorpresa e incredulidad la noticia del veto. Algunos, incluso, se enteraron al mismo tiempo que la prensa y criticaron duramente la postura del ex juez Manos Limpias. Norma caducaUn Real Decreto de 1997 impidió a los reyes del ladrillo participar en la privatización de Autostrade, que se llevó a cabo dos años después. Con esta medida, el Ejecutivo quería evitar posibles conflictos de interés, ya que se estaba privatizando una empresa que, prácticamente, tenía el monopolio de las carreteras del país y, por tanto, podría dejarse llevar por tratos de favor en los contratos de mejora, remodelación o construcción de autopistas.Sin embargo, según señalan desde Abertis, la vigencia de esta norma era sólo de 36 meses y, por tanto, no se puede aplicar ahora a la presencia de ACS. La constructora presidida por Florentino Pérez es el primer accionista de Abertis, con un 24,29 por ciento del capital. Si el grupo catalán consigue fusionarse con Autostrade, controlará el 12,5 por ciento del nuevo gigante de las autopistas.Además, La Caixa ostentará otro 11,7 por ciento y un grupo de cajas de ahorro españolas, otro 5,6 por ciento. Entre todos, sumarán el 30 por ciento del futuro grupo, frente al 28 por ciento que tendrá el bloque italiano cuando Abertis les venda el 3,3 por ciento que se ha comprometido a cederles si aprueban la operación.Vigente o no, Bonino ha dejado claro que "la norma está obsoleta, porque frena las inversiones extranjeras en infraestructuras". Además, se pregunta "si en 2006, aquella norma de 1997, ejecutada en 1999, y aprobada por Bruselas, tiene sentido ahora". El principal argumento que esgrime Bonino para negar la vigencia de la norma es la necesidad de atraer capitales extranjeros al país. El ministro de Economía, uno de los principales detractores de la fusión, ha admitido que la bota del Mediterráneo necesita 115.000 millones de euros para invertir en infraestructuras. Una escalofriante cifra que Bonino sólo cree posible alcanzar con inversión extranjera. Como ella, otros miembros del gabinete de Prodi están en desacuerdo con la postura de Di Pietro y Padoa. Entre ellos, el ministro de Exteriores Massimo D'Alema, otro europeísta de pro, que ve con desagrado la previsible reprimenda de sus colegas de Bruselas.Europa decidirá en breveMientras en el Ejecutivo italiano empiezan a surgir las primeras diferencias entre sus miembros por el veto a Abertis y Autostrade, en Bruselas han recibido con agrado toda la documentación que le envió el martes Italia y confían en poder dar una respuesta cuanto antes, "porque se trata de una cuestión importante", reconoció ayer Mark Gray, portavoz de la Comisión Europea. En los próximos días, Bruselas decidirá si la fusión de Abertis y Autostrade es una cuestión comunitaria o, por el contrario, corresponde al Ejecutivo de Prodi tomar la decisión. En principio, todo indica que se trata de una cuestión europea, tanto por la facturación mundial que alcanzará el grupo (6.000 millones, frente a los 5.000 que pide Bruselas), como por el volumen de ingresos que consigue en Europa (prácticamente todo).Consciente de ello, Di Pietro argumenta en su defensa que no está vetando la fusión, ya que se trata de compañías privadas, sino la concesión. Como las autopistas son un bien del Estado que éste concede a una determinada compañía para que las gestione durante un periodo de tiempo, Di Pietro considera que cualquier cambio en el titular de esa concesión (en este caso, Autostrade) queda dentro de su competencia. Europa le responderá en los próximos días.