El Gobierno insiste en la imposibilidad de estimar su impactoEl aval del Estado a la banca por sus activos fiscales diferidos (DTA) podría afectar al déficit público a partir de 2015. Así lo reconoce el Gobierno en la memoria de impacto que acompaña al decreto ley, recogida ayer por Europa Press. El Ejecutivo asegura que "no existe una estimación" de su potencial efecto, al estar condicionado al cumplimiento de ciertas circunstancias "que no pueden predecirse". Los DTA son derechos de cobro contra la Hacienda que se generan al incurrir en pérdidas o se producen determinados gastos, y pueden activarse en ejercicios posteriores a su originación. Con la entrada en vigor de Basilea III el 1 de enero de 2014, estos activos dejaban de computarse en capital ante la incertidumbre de su materialización, salvo que se garantizase su cobro. En el decreto ley aprobado por el Gobierno, el Estado avalará aquellos generados por las provisiones para sanear balances y por los planes instrumentados para cubrir jubilaciones y prejubilaciones de plantilla, dejando fuera de esta red otros DTA como los acumulados por pérdidas contables. Para que este aval se active deben darse algunos supuestos: que la entidad no haya sido capaz de desgravarse los DTA contra beneficios de 18 años; que sufra pérdidas contables o entre en liquidación. La eventualidad de la liquidación es remota porque en España los bancos débiles se venden, no se dejan quebrar.Y en caso de pérdidas solo se podrá compensar un porcentaje de DTA calculado en función de su capital. Si se activa, el Estado entregaría deuda. España sigue la estela de países como Alemania, Francia, Italia, Holanda o Portugal en la instrumentación de sistemas para evitar que Basilea III dañe la solvencia de la banca, al no reconocer los DTA. El Gobierno subraya en el decreto ley que se evitan las "fuertes restricciones" del crédito que se producen con un deterioro repentino dela confianza en la banca si se ve perjudicada su solvencia.