El bono a 10 años cobrará los intereses en seis cuotas anuales a partir del quinto ejercicioEl acuerdo fija una rentabilidad del 8,75% y garantiza el cobro de 5.000 millones de dólaresArgentina y Repsol se han puesto manos a la obra para cerrar un acuerdo definitivo sobre la expropiación de YPF. La petrolera quiere conseguir las máximas garantías de pago, tal y como le encargó su consejo. Por ello, una de las cartas que se ha puesto ya sobre la mesa es que sea el Ciadi, el organismo de arbitraje internacional dependiente del Banco Mundial, el que vigile el cumplimiento del pacto en forma de un laudo transaccional, es decir, de un sistema que permita volver a reiniciar la demanda judicial si se produce un incumplimiento de pago. El principal punto de la negociación que se abrirá la próxima semana, tal y como anunció ayer el propio jefe de gabinete de la Casa Rosada, Jorge Capitanich, se centrará en cerrar rápidamente un acuer- do, pero Repsol quiere "asegurar las máximas garantías de obligación recíprocas", tal y como consta en las líneas básicas que transmitió el ministro de Industria José Manuel Soria, en su encuentro con el secretario de Estado de Energía de México, Pedro Joaquín Coldwell, y el director general de Pemex, Emilio Lozoya, el pasado 15 de noviembre y como reiteró en Buenos Aires en el encuentro del pasado lunes. El Ciadi ya contempla la posibilidad de que se suspenda un proceso arbitral en curso, pero se mantenga la causa abierta, para activarla en caso de incumplimiento, siempre que el pacto logrado en Buenos Aires se convierta en definitivo a lo largo del próximo mes de diciembre. Según la información a la que ha tenido acceso elEconomista, el acuerdo pactado con Argentina prevé una compensación en 5.000 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros al cambio actual) de valor nominal en bonos soberanos argentinos a 10 años con un tipo de interés del 8,75 por ciento. En el preacuerdo, que únicamente incluye las grandes líneas, se ha acordado el pago del mismo en seis cuotas mensuales a partir del quinto año del bono, lo que supondría un ingreso para la petrolera española de 450 millones de dólares al año, directos para la cuenta de resultados. El problema para Repsol es que estos bonos cotizan en los mercados con un fuerte descuento, en torno al 30 por ciento, y la deuda argentina es muy poco líquida. Tras el principio de acuerdo, la petrolera se ha fijado un plazo de diez días para elaborar una amplia propuesta de acuerdo definitivo, sobre el que comenzar a negociar con Argentina a lo largo del mes de diciembre. El propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, liderará estos equipos de trabajo, al margen de que esté presente o no en las futuras reuniones con el Gobierno argentino. Hay que recordar que la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, vetó la presencia del presidente de Repsol en la negociación del principio de acuerdo. Las comisiones técnicas creadas por la petrolera trabajan ya con varios equipos para desarrollar la vía jurídica, financiera y de mercado, donde están trabajando expertos de diferentes ámbitos en Madrid, Nueva York y Buenos Aires. El grupo ha contratado a Deustche Bank para profundizar en el análisis económico y soportar toda la reestructuración de la oferta completa que se plantea Argentina en los próximos días. Esta entidad realizará de forma independiente los cálculos de la compensación, de modo que sirva como garantía jurídica si tras el cierre del acuerdo algún accionista lo considerase insuficiente y decidiera acudir a los tribunales para reclamar daños y perjuicios a los administradores. En la negociación del preacuerdo alcanzado en la sede de YPF, el ministro de Argentina, Axel Kicillof, se oponía a la elección de una entidad independiente. No obstante, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, recordó al mentor de la expropiación que es una práctica habitual en este tipo de operaciones y que también se había utilizado en el convenio alcanzado con Chevron para explotar Vaca Muerta. Por ello, el grupo argentino también elegirá ahora a una entidad para que valore la oferta y en caso de que no haya acuerdo se contratará a un tercer banco. Hay que tener en cuenta que la deuda de la República de Argentina en moneda extranjera a largo plazo es considerada como bono basura. Moody's fija un rating de B3, S&P lo sitúa en CCC+ y Fitch, el más bajo, en CC. Uría, el asesoramiento jurídico Repsol está haciendo un planteamiento de todos los escenarios posibles sobre eventuales incumplimientos del contrato. En el aspecto jurídico, la española cuenta con el asesoramiento de Uría y Menéndez para blindar jurídicamente todos los aspecto y escenarios. y con los bufetes americanos que han trabajado el frente judicial contra YPF. Otro de los puntos que debe tener en cuenta el acuerdo definitivo es en qué legislación se articula. Una de las claves será si la emisión se realiza bajo la legislación argentina, bajo la británica o la estadounidense. En el primer caso, Argentina podría cambiar la condiciones, pesificar la deuda y tumbar las cantidades a cobrar. Si la legislación elegida fuera la americana, Repsol debe tener en cuenta la posibilidad de que los fondos buitres embarguen el pago del interés mencionado. Tampoco hay que perder de vista que fue el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, quien aseguró que "sería de tarados pagar a Repsol" por la expropiación. No obstante, el tiempo y los resultados han jugado en su contra. El déficit energético no se ha revertido, sino todo lo contrario, el país cuenta cada vez con menos liquidez y la inversión internacional se paró en seco tras la nacionalización de YPF, el mayor expolio a una inversión extranjera de la historia. En un intento de salvar los muebles de la mejor forma posible, la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha ordenado a su pupilo Kicillof entablar una negociación. También es verdad que Repsol ha aceptado los 5.000 millones de dólares, una cantidad que la Casa Rosada estaba dispuesta a negociar y que está muy lejos de la cantidad que podría haber logrado por la vía judicial, pero sobre la que no se tenían garantías del plazo y el ingreso, al igual que ha ocurrido con las más de 40 causas que tiene el país austral en este organismo y que quiere ahora arreglar a toda prisa ante los problemas de financiación. "Nosotros estamos esperanzados en la negociación", afirmó Kicillof. Ahora bien, también deja claro que el Gobierno argentino está conduciendo "con muchísima seriedad" la "ardua" negociación acerca de la compensación en bonos, pero también en cuanto a las acciones legales pendientes.