El Gobierno avalará sólo 30.000 millones de los activos fiscales que tiene el sectorPocas negociaciones regulatorias han suscitado tantas incertidumbres como el aval estatal a los activos diferidos de la banca, por el calado de su impacto -los activos sin garantía saldrán del capital- y por el dispar interés de los negociadores. El Consejo de Ministros fijará hoy las reglas, y las entidades daban ayer por seguro que salvarán el escudo fiscal generado por los planes de pensiones, uno de los aspectos que hace solo un par de semanas estaba descartado. El Gobierno ha dado el brazo a torcer ante la presión ejercida por Santander y BBVA y finalmente se conservarán como capital, junto a otros parámetros, como las provisiones para sanear los balances y las pérdidas contables. El ministro de Economía, Luis de Guindos, cifró esta semana que en entre 25.000 y 30.000 millones serán los avalados por el Estado para que la banca los pueda mantener en sus recursos propios. Alguna entidad estimaba ayer que podría ser, incluso, algo superior. España secunda así a países como Italia, Alemania, Francia, Holanda o Brasil, que han decidido avalar los activos fiscales de su banca, con distintos sistemas para evitar agujeros sobrevenidos con la aplicación de Basilea III que entrará en vigor a partir de enero de 2014. Los escudos fiscales son derechos de cobro contra la Hacienda por pérdidas generadas en el pasado, que no se han podido compensar. Basilea III establece que, salvo aval estatal, deben descontarse del capital a un ritmo del 10 por ciento anual, hasta desaparecer por completo en 2024. No en vano, el mercado va a exigir que recompongan su capital antes si la extinción de estos recursos dejan insuficiente la solvencia. La banca española cuenta en sus balances con 71.000 millones de este tipo de activos a escala global hasta el pasado junio, de los que 59.000 millones se han generado en nuestro país, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por tanto, el aval del Gobierno solo cubrirá una parte parcial. Hasta hace un par de semanas, sin embargo, solo se habían amarrado entre 21.000 y 23.000 millones avalados, por las provisiones y pérdidas contables. Ambos conceptos eran críticos, sobre todo, para las nacionalizadas, hasta el punto de ser su garantía una condición impuesta por los interesados en Novagalicia y Catalunya Caixa para pujar por ellas. Incluso Bankia podría haber necesitado nuevo capital. Mientras que el reconocimiento de las pensiones beneficia especialmente al Santander y BBVA, que entre ambos superan los 3.000 millones sólo por este concepto. La banca descarta que su reconocimiento implique medidas adicionales como pide el FMI, aunque sí admiten que las autoridades podrían fijar planes generales de recapitalización. El Banco de España dejó abierta la puerta recientemente a extender a 2014 el límite al dividendo en efectivo como ha solicitado el FMI.