Apenas 4.500 hogares se benefician del 'pack' antiembargos del GobiernoLas medidas impulsadas por el Gobierno para paliar el drama de los desahucios no están teniendo los resultados esperados. Un ejemplo son las apenas 615 familias a las que se han adjudicado pisos sociales con alquileres reducidos cuando el parque disponible cedido por la banca alcanza las 6.000 viviendas y el Gobierno deseaba incorporar más. El fondo social arrancó el 17 de enero de 2013 con inmuebles de 33 entidades financieras y, hasta ahora, solo ha recibido 1.305 solicitudes. Las cifras las proporcionó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su intervención en el Congreso, donde cifró en unas 4.000 familias las beneficiarias de los decretos aprobados a medidados del pasado año para proteger a colectivos de especial vulnerabilidad, expuestos a perder su techo por culpa de la prolongada crisis. El fracaso del fondo social de la vivienda se gesta en su misma formulación. Las familias desahuciadas no quieren pisos alejados de sus barrios, donde hacen su vida, tienen los colegios de los niños o, incluso, el trabajo. Y el parque de viviendas habilitadas por las entidades se encuentra muy distribuido por la geografía española y especialmente en poblaciones alejadas de los centros de las ciudades principales o, incluso en barrios aislados y periféricos, al tratarse de inmuebles para alquileres sociales de entre 150 euros y 400 euros. En una entidad financiera explican que algunos solicitantes prefieren alojarse en la vivivienda de otros familiares si el piso disponible les exige cambiar de localidad. Estos alquileres se ofrecen a familias desalojadas de sus casas después de 1 de enero de 2008, con ingresos mensuales conjuntos de hasta tres veces el Iprem (1.597 euros) y sin otras viviendas en propiedad. Los pisos son propiedad de la banca pero la selección de las familias y gestionar el alquiler corresponde a los ayuntamientos y diputaciones provinciales, en colaboración con organizaciones como algunas ONG's. En vistas a la situación, la que era una de las medidas estrellas para realojar a colectivos especialmente perjudicados por la crisis, podría reformularse. La banca está abierta a que se amplíe el perfil de potenciales beneficiarios para maximizar la ocupación de viviendas, que al fin y al cabo están cedidas. Solo seis quitas y 611 daciones El escaso éxito es extrapolable a otras medidas arbitradas para proteger a familias en riesgo de quedarse sin casa. Apenas 4.566 familias se han beneficiado de los decretos aprobados hace más de un año. El Gobierno cifró en 120.000 los potenciales beneficiarios sólo por la paralización de los desalojos. La banca ha firmado 1.684 reestructuraciones de deuda, con extensiones de plazos o menos intereses para que puedan pagar el crédito, aceptado seis quitas y 611 daciones de pago. Apenas 9.861 clientes han solicitado acogerse a estas protecciones y 4.749 procesos se rechazaron por no reunir el perfil socioeconómico exigible para hacerlo. Sin embargo, la morosidad hipotecaria sigue limitada al 5 por ciento que, aún siendo alta, dista del 12 por ciento de los impagos en el conjunto de la financiación o el 30 en actividades inmobiliarias. Los bancos defienden que dicha tasa indica tanto que las familias pagan su hipoteca como la vocación de las entidades de renegociar y reestructurar deudas para que el cliente devuelva el crédito antes de quedarse un piso que luego deberá vender.