La constructora dice que el almacén de gas Castor cumple con todos los requisitosACS reconoció ayer su derrota en su intento de asaltar Iberdrola. El director general corporativo de la compañía, Ángel García Altozano, señaló que la constructora continuará desinvirtiendo de la eléctrica, de una forma ordenada, pero en función del precio de la acción. Y es que la constructora ha ido reduciendo su exposición en la eléctrica, a pesar de que aspiraba a alcanzar un 30 por ciento. En concreto, en 2012 se deshizo de un 12 por ciento del capital de la compañía con unas minusvalías de más de 1.300 millones de euros. Ahora, ACS prevé continuar con su política de rotación de activos maduros y de desinversiones (como el cierre de la venta de dos autopistas antes de fin de año). En este sentido, cabe destacar que ACS puso a la venta su paquete de energía renovables, una operación que se ha paralizado por la reforma energética, y que se mantendrá sin novedad hasta que no se clarifique la normativa en esta materia, algo que se prevé para enero de 2014, una vez se conozca la nueva retribución para estas tecnologías. En un principio, ACS preveía ingresar unos 5.000 millones por la venta de este paquete de renovables, pero los recortes regulatorios han trastocado sus planes. Con motivo de la presentación de los resultados hasta septiembre, la empresa explicó que ganó 548 millones frente a las pérdidas de 1.100 millones del mismo periodo del año anterior, cuando llevó a cabo un saneamiento de la inversión de la compañía en Iberdrola. El grupo mantiene el foco en su estrategia de reducción de endeudamiento, para situarlo en el entorno de unos 3.000 millones de euros, desde los 5.297 millones en que se situó al cierre del pasado mes de septiembre. A preguntas sobre el almacén de gas Castor, en la costa de Castellón y que ha provocado varios seísmos, García Altozano indicó que este proyecto cumple con todos los requisitos para que pueda volver a funcionar. A mediados de septiembre, el Ministerio de Industria decretó el cese temporal de la instalación ante la "alta relación" entre las inyecciones de gas y los seísmos registrados (de hasta 3,7 grados). Actualmente, el departamento que dirige José Manuel Soria realiza una auditoría técnica y otra económica, ya que la instalación ha llegado a alcanzar un coste de 1.700 millones de euros, frente a los 500 millones en los que estaba presupuestada. El ministro de Industria, José Manuel Soria, insiste en que el Tribunal Supremo ha avalado que en caso de que se demuestra negligencia u dolo el Estado no tendrá que indemnizar a esta instalación si se cierra. A pesar de todo, García Altozano explicó que tanto ACS como Escal, su socio en este proyecto, están "orgullosos" de esta plataforma.