Guindos aduce que la objeción al saldo negativo de 2014 es de sólo una décima Llamada de atención a España. El borrador de Presupuesto presentado en Bruselas por el Gobierno español para 2014 corre el riesgo de no respetar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que para que el objetivo de déficit global fijado en el 5,8 por ciento se cumpla se ha detectado un agujero de entre 1.000 millones y 3.000 millones de euros. Para 2015 y 2016, la brecha se incrementaría si no se tomaran nuevas medidas, puesto que el desvío del déficit ascendería a 2 puntos y a 1,75, respectivamente. En ese hipotético caso, serían 35.000 millones hasta 2016. Así se desprende del ejercicio de revisión presupuestaria realizado por la Comisión Europea por primera vez en el marco de las nuevas reglas de supervisión. "La Comisión invita a las autoridades españolas a que adopten las medidas necesarias en el curso del procedimiento presupuestario nacional para garantizar que el Presupuesto de 2014 cumpla plenamente" el Pacto de Estabilidad, dijo ayer el vicepresidente y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn. Porque es solo una "invitación", Bruselas deja al Gobierno vía libre para elegir dónde recortar, pero constituye una advertencia que deberá ser analizada por los ministros del Eurogrupo la próxima semana. Precisamente, el ministro de Economía, Luis de Guindos, sugirió que sus homólogos podrían mitigar el texto, pues la divergencia no es "tan importante". "Nadie puede poner en cuestión el esfuerzo de consolidación de las cuentas públicas que está llevando a cabo el Gobierno español y eso se mantiene para el futuro", recalcó. La defensa de España se basa en que las previsiones de la CE apuntan a que el déficit español se situará en el 5,9 por ciento y habrá un crecimiento del 0,5 por ciento el próximo año, mientras que el Gobierno cuenta con obtener un crecimiento de siete décimas. "La única divergencia importante es el crecimiento, eso cubre de alguna forma la décima de desviación en ejecución del déficit público", aseguró De Guindos. El ministro recordó de hecho que la Comisión se ha visto en la obligación de corregir al alza sus previsiones para España, pues hace unos meses veía una contracción de medio punto y ahora ya apuesta por un crecimiento de esa índole. "Tanto el análisis de la Comisión, como el consenso del mercado están cada vez más cerca de la previsión del Gobierno español que del 0,5 por ciento" contemplado en el análisis de Bruselas", manifestó. Pese a la advertencia de la Comisión, el Gobierno español asegura que va a tener margen para llevar a cabo la reforma fiscal que tiene previsto anunciar a mediados del año que viene. Ahora bien, De Guindos no se pronunció respecto al hecho de que el documento comunitario advierte de los efectos sobre el déficit de la expiración de medidas planteadas temporales, como la subida del IRPF, ni dio pistas para el futuro. Además, Bruselas plantea que hay riesgos de aplicación de las medidas, en particular por lo que se refiere a las medidas de ingresos de las regiones y al efecto de las medidas para combatir el fraude fiscal y a la seguridad social. Se han producido algunos retrasos en la aplicación de las recomendaciones, en especial la revisión de la calidad del gasto público y la reforma fiscal. Bruselas apunta que el Gobierno no ha concretado ningún plan para realizar esta revisión por lo que se refiere a la reforma fiscal y se ha limitado a crear un grupo de expertos que no dará su opinión hasta febrero de 2014. La Comisión incide en que los pasos para endurecer la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria a las comunidades autónomas han sido escasos, sobre todo para sancionar a las regiones díscolas. En cuanto a la reforma laboral, la Comisión subraya que ha servido para aumentar la flexibilidad interna de las empresas y la moderación salarial, lo que ha servido para limitar la pérdida de empleo. "No obstante, queda por ver si la reforma logrará una rápida recuperación en la creación de empleo y menos dualidad en el mercado laboral cuando vuelva un crecimiento sólido", apunta el informe. Entre lo negativo, no se ha concretado ninguna medida para modernizar los servicios públicos de empleo. Respecto de las pensiones la Comisión dice que "los cambios previstos son significativos". El factor de sostenibilidad y la fórmula de indexación "son pasos importantes".