El sector aplaude la inyección de 70 millones, pero pide cambios más hondos como bajar la tasa de matriculación El Gobierno hizo ayer un nuevo guiño al sector automovilístico al anunciar que la tercera edición del Plan Pive, que ya se ha agotado, continuará hasta finales de año, mediante la inyección de otros 70 millones de euros en ayudas públicas destinados a facilitar a los consumidores la adquisición de coches nuevos. El encargado de anunciar la prórroga fue el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención en la última jornada del foro organizado conjuntamente por la patronal automovilística Anfac y PriceWaterhouseCoopers (PwC), en la sede de Mutua Madrileña. Y con sus palabras consiguió que el auditorio prorrumpiera en aplausos. No en vano, aun cuando según Montoro es el sector automovilístico el que viene "dando lecciones a toda la economía desde hace 15 años" sobre capacidad de crecimiento y eficiencia, toda ayuda sigue siendo bienvenida. Especialmente si se considera, como hizo el ministro, que en España aún "es anormalmente bajo el número de coches vendidos al año, sólo 700.000, teniendo en cuenta que la renta per cápita se ha doblado en todo el país con respecto al nivel que presentaba a mediados de la década de los 90". Las dos anteriores ediciones del Plan Pive (aprobadas respectivamente en octubre de 2012 y en febrero de 2013) no han logrado espolear el consumo, y no cabe esperar que la tercera entrega prorrogada pueda lograrlo por sí sola. El verdadero cambio únicamente se producirá mediante "una reforma fiscal integral", según expuso el socio de PwC experto en impuestos y servicios legales Alberto Monreal, durante el debate de expertos posterior a la intervención de Montoro. Anacronismo Dicha reforma debería pasar por la rebaja de la tasa de matriculación, "un impuesto anacrónico", según Monreal, "heredero del antiguo tributo que grava la riqueza" y que tiene aún menos sentido "en un país productor de automóviles como es España". En vez de tributar por la adquisición de un coche, lo sensato sería hacerlo por su uso, en función de sus características técnicas, defendió el representante de Price, quien también aconsejó al Gobierno trabajar por reducir el coste de la electricidad, "ya que no es justo que la industria pague por las ineficiencias del sistema". La gestora de impuestos de Ford España, Marta Riaño, se mostró del mismo modo convencida de que "bajar el impuesto de matriculación tendría un efecto decisivo sobre el consumo". Riaño abogó además por ofrecer seguridad jurídica como la mejor estrategia para atraer inversiones.