Técnicos independientes evalúan cómo volver a poner en marcha la instalaciónEl Ministerio de Industria está buscando fórmulas para poder poner en marcha el almacén de gas Castor, en Vinaroz (Castellón). Esta infraestructura no sólo ha traído consigo más de 540 movimientos sísmicos, sino que como trasfondo supone un grave problema financiero en caso de que se decida parar y no indemnizar a los promotores, ACS y Escal, ya que ambas inauguraron los llamados project bonds europeos con garantía del Banco Europeo de Inversiones para financiar 1.400 millones del almacén. En esta línea, el departamento que dirige José Manuel Soria ha desplegado a un equipo de técnicos, al que ha pedido que se sumen expertos independientes, entre los que se encuentran expertos de Repsol, de ACIEP (la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo) y de la propia Escal, que han comenzado a realizar mediciones en el almacén y modelizaciones de una posible inyección de gas para poder analizar las consecuencias de las mismas y comparar los resultados con la experiencias de los 700 almacenes que hay en el mundo. Industria se ha decantado por pedir opinión al sector petrolero, ya que estas plataformas son más parecidas a las de exploración de crudo. Además, este yacimiento fue en sus orígenes un pozo descubierto por Shell. El objetivo de este grupo de trabajo es estudiar una nueva fórmula de llenado que no ponga en riesgo la seguridad de la población, teniendo en cuenta las condiciones geológicas donde se encuentra la planta, a 20 kilómetros de la costa de Vinaroz. El norte de Castellón y el sur de Tarragona son unas zonas propensas a movimientos sísmicos por su cercanía a la falla de Amposta, de 51 kilómetros. Sobre este aspecto, los expertos apuntan que hay que tener en cuenta que no se trata de una línea recta, sino que todo el suelo anexo tiene unas condiciones especiales. Tal como explicó este diario, algunos expertos ya están deslizando que el llenado de Castor fue planificado de una manera más brusca que en otras instalaciones similares. En concreto, el ritmo de llenado era cuatro veces más rápido que el del almacén de Yela, en Guadalajara. Intento de no indemnizar El Gobierno trabaja en otra línea de trabajo en caso de que la instalación se tenga que detener y tenga que indemnizar a los promotores, tal y como está previsto en el Real Decreto que dio luz verde al proyecto en 2008. Para este caso, Industria ya ha interpuesto en el Tribunal Supremo un recurso al considerar inadecuado que la norma reconociese una indemnización ante un posible cierre a causa de "dolo o negligencia" por parte de la empresa. La cuestión principal es que esta instalación es la única de las grandes infraestructuras de este tipo en España que tiene derecho a una compensación en caso de cese por dolo o negligencia de la empresas. Si no hay indemnización y se para la instalación, se abre un abanico de problemas a nivel europeo, ya que el BEI ha adquirido bonos por 300 millones y ha dado su garantía para 200 millones. Entre el resto de inversores que apostaron por este proyecto se encuentran fondos de pensiones, inversores institucionales, compañía de seguros, inversores privados y bancos centrales.