Creen que el nuevo modelo cuestiona la seguridad jurídica de las fuentes renovablesEl Grupo Parlamentario Socialista presentó ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra uno de los Reales Decretos de la reforma energética aprobada en julio por el Gobierno. Concretamente, el partido critica el Real Decreto-Ley 9/ 2013, que modificó el régimen de retribución de las energías renovables, cogeneración y residuos. Así, consideran que "se trata de un ejercicio de retroactividad que pone en cuestión la seguridad jurídica de estas fuentes renovables de forma directa, aunque sienta un peligroso precedente para todas las actividades reguladas". El nuevo régimen retributivo diseñado por el Ejecutivo establece un nuevo sistema de retribuciones en el que desaparecen las primas para dejar paso al concepto de "rentabilidad razonable". De este modo las instalaciones en funcionamiento recibirán un complemento a sus ingresos por el mercado si es necesario para alcanzar una rentabilidad "razonable" en toda la vida de la instalación, que se determinará posteriormente. Para el Grupo Parlamentario Socialista el nuevo modelo comporta "la vulneración de diferentes preceptos constitucionales", como los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos del artículo 9.3 de la Constitución española, el principio de reserva de ley y el artículo 86.1 de la Constitución española sobre los requisitos constitucionales para dictar decretos-leyes. Asimismo, los socialistas consideran que este paquete de medidas agrava los problemas del sistema energético español y "afecta a un tipo de energías autóctonas como las renovables, en un país con un 80 por ciento de dependencia energética respecto de terceros países". La reforma 'sube la luz' Igualmente, subrayan que dicha reforma "incumple compromisos europeos, traslada el déficit tarifario al recibo de la luz con las consiguientes subidas que sufrirán las economías familiares y las industriales y condena a nuestro país a tener una energía cada vez más cara que el resto de la Unión Europea". En la misma línea, aseguran que este Real Decreto-Ley es una "renuncia a las energías renovables despreciando la oportunidad de avanzar en independencia energética". Además consideran que su aplicación abre un conflicto social que puede traducirse en "miles de desahucios para los inversores familiares que hipotecaron sus propiedades para instalar plantas fotovoltaicas, con un número de afectados sólo por instalaciones fotovoltaicas de 55.000". Para el Grupo Socialista, esta reforma "amenaza gravemente la competitividad de la industria española" y "arroja por la borda el enorme esfuerzo hecho en el sector renovable que se consolida en otros países, un yacimiento de empleo intensivo".