El folleto de la emisión de bonos desvela que son anticipos de las retribucionesEl polémico almacén de gas Castor de Vinarós (Castellón) y que ha provocado cerca de 500 seísmos ya ha recibido ingresos del Estado a pesar de que hasta el momento de su paralización tan sólo estaba funcionando en pruebas porque no se completó la subasta del gas colchón de esta instalación. Según consta en el folleto de la emisión de bonos por 1.400 millones para financiar este proyecto, los promotores de esta instalación ACS (66 por ciento) y Escal (25 por ciento) ya han recibido 111,22 millones en concepto de anticipos de las retribución. El documento señala que esta partida se ingresa por las inversiones realizadas hasta 2010 y se restarán de la remuneración que se reconozca en caso de que el Gobierno no se decante por cesar de forma definitiva esta instalación que está provocando movimientos de tierra. El folleto advierte a los inversores del riesgo de que el Ministerio de Industria apruebe una rescisión de la concesión. En tal caso, y siempre que no se demuestre fraude o negligencia, los promotores deberían ser indemnizados con cargo al sistema a través de las tarifas de gas. No obstante, el documento señala que cabe la posibilidad de que no se reconozca al cien por cien la inversión realizada, ya que la cantidad recibida en concepto de indemnización puede variar, dependiendo de la razón por la que se rescienda la concesión. Precisamente, en este punto están trabajando los técnicos de Industria, que están a la espera de los resultados de la auditoría de la noruega DNV que se conocerá a finales de mes. Pero el folleto deja claro que la indemnización no tiene por qué ser suficiente para cumplir con las obligaciones del crédito y con el vencimiento del mismo, donde BNP Paribas, Crédit Agricole, CaixaBank, Natixis, Santander y Société Générale fueron las entidades colocadoras de la operación. Además, el documento advierte a los inversores de la incertidumbre latente porque desde 2006 se ha modificado en varias ocasiones el régimen retributivo de esta instalación. En este sentido, incide en que los posibles desequilibros entre los costes y los ingresos del sistema gasista y la posible generación de déficit podría influir en la retribución de la instalación. Por otro lado, la auditoría en marcha trata de justificar el encarecimiento de coste en los últimos años y que ha pasado de los 500 millones, hasta los 1.600 millones aunque posteriormente se rebajaron a 1.200 millones, según recoge el folleto. No obstante, los promotores han vuelto a elevar el coste del proyecto al solicitar 1.538 millones, al incluir 209 millones de intereses. Además, el Gobierno puede denegar la autorización cuando lo considere de interés público hacerlo, aunque el documento no establece consecuencias específicas en el caso de cese por causa de fuerza mayor, aunque los promotores tienen pólizas de seguro para cubrir ciertos incidentes de fuerza mayor (como peligros naturales). Como posibles riesgos geológicos señala el posible estado de los pozos de Shell. En este sentido, el folleto advierte de que no hay garantías de que dichas pólizas de seguro cubran las pérdidas sufridas por los promotores. Por el momento, si la instalación continúa parada podría ir a concurso al tener que atender el primer pago el 31 de diciembre.