La Olaf anuncia una inspección y Hacienda estudia limitar o incluso prohibir la distribución de tabaco al PeñónLa Comisión Europea ha dedicido ponerse firme ante Gibraltar y poner freno, al menos, a una parte de las prácticas ilegales denunciadas por el Gobierno español. La Olaf (la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) anunció ayer, en este sentido, una investigación para esclarecer quién está detrás del contrabando de tabaco en la colonia y tomar así las medidas oportunas. El anuncio lo realizó el británico Nicholas Ilett, director de investigación de esta oficina, que mostró, al mismo tiempo, su gran preocupación por este tráfico ilegal, que causa cada año un fraude en la hacienda española de cerca de 1.100 millones de euros. Aunque sin dar ningún nombre, Ilettm, que asisitó a una jornada sobre contrabando organizada por Hacienda y el Instituto de Estudios Fiscales, en colaboración con la industria, criticó abiertamente que la Interpol haya recibido dinero de una tabaquera, e insistió en que el contrabando es un problema internacional al que hay que poner freno. En la misma línea también, María Pilar Jurado, directora del Departamento de Aduanas de la Administración Tributaria, puso especial énfasis en el hecho de que las ventas de tabaco en Gibraltar exceden con mucho del consumo registrado en el Peñón. Según las previsiones de Aduanas, este año entrarán cerca de 140 millones de cajetillas por vía terrestre -podría ser mucho más si se suman los ingresos por mar- para ser vendido posteriormente de contrabando en España. Tráfico ilícito La dirección general de Aduanas no tiene ninguna duda de que la mayor parte de todo el tabaco que se vende en la colonia británica tiene como destino final su venta ilegal en España, eludiendo a Hacienda, evitando el pago de impuestos y provocando así un gran daño no sólo a los estanqueros, sino también a las arcas públicas. Y es que con una población que no llega ni siquiera a los 30.000 habitantes, cada ciudadano del Peñón, incluidos los niños, debería consumir más de 13 cajetillas de tabaco al día para que toda la venta que se realiza allí fuera legal. Ante todo ello, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, aseguró que España adoptará diversas medidas que podrían llegar incluso a limitar y prohibir la venta y distribución de tabaco a países terceros siempre que la demanda de dicho país no lo justifique. Según dijo, el Gobierno busca controlar las ventas de tabaco a países con baja tributación, como Andorra o Gibraltar, para evitar que después lo comercialicen ilegalmente. Ferre resaltó que se podría exigir además a los operadores que prevengan la desviación de productos de tabaco hacia canales de comercialización ilícitos. Para ello se obligaría a los fabricantes y mayoristas a cumplir con el principio de diligencia debida. Todo operador de la cadena sólo podría suministrar producto únicamente en cantidades que guarden proporción con la demanda en el mercado al que van destinados. El incumplimiento de esta obligación conllevaría la suspensión o revocación de licencia para operar en el territorio. Son medidas que se introducirán en la legislación nacional.