La UE cuestiona su legalidad pero respeta el derecho a defenderse del Gobiernobruselas. Seis días han bastado a la Comisión Europea para acumular dudas sobre la legalidad de las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) al gigante alemán E.ON, si finalmente éste quiere hacerse con el control de la española Endesa. Respetuoso de la presunción de inocencia, del derecho a la defensa de todo sospechoso, y de los irritantes procedimientos de la eurocracia, el ejecutivo comunitario remitió ayer una carta al Gobierno español para que justifique "en días y no en semanas" la decisión de la CNE.Sólo entonces Bruselas dará por concluido su análisis. Y luego adoptará las medidas que considere necesarias para garantizar que ni la CNE ni el Miniserio de Industria obstaculicen la aplicación de la decisión que adoptó en abril en tanto que única autoridad competente para vetar, condicionar o aprobar concentraciones de dimensión continental: bendecir sin condiciones la oferta pública de adquisición (OPA) de E.ON sobre Endesa. "La Comisión Europea ha enviado una carta a España pidiendo la clarificación de algunas de las condiciones", anunció ayer el portavoz de guardia esta semana en Bruselas, sin querer detallar qué condiciones son las más conflictivas a jucio de la Comisión. "Hemos invitado a España a presentar su punto de vista sobre la compatibilidad entre el derecho comunitario de la Competencia y la decisión de la CNE. Las partes implicadas deben ser escuchadas y deben poder defender sus argumentos", añadió. Valoraciones, no informaciones Según confirmaron otras fuentes de la propia Comisión, la carta se centra en reclamar que España se defienda, y no en solicitar más información sobre el caso. Las 400 páginas facilitadas por Madrid a Bruselas el pasado sábado parecen por tanto contener los datos necesarios para que el ejecutivo comunitario analice la situación. "La opinión de España es uno de los elementos que creemos que nos ayudará a ver si nuestars dudas tienen o no fundamento", añadieron. La carta no tiene carácter legal ni supone la apertura de un expediente contra el Gobierno español, según explicaron ayer los portavoces comunitarios. Pero destaca el hecho de que una simple petición de aclaraciones vaya firmada por un comisario -el chipriota Markos Kyprianou, comisario ayer de guardia y titular de la cartera de Sanidad y Protección de los Consumidores- y no por un burócrata; y que se haya enviado tras una conversación telefónica sobre el asunto entre el presidente de la Comisión Europea, el luso José Manuel Durao Barroso, y la comisaria de Competencia directamente responsable de esta cuestión, la holandesa Neelie Kroes. La carta fue remitida por el conducto oficial a la embajada española ante la UE, para que la diplomacia la curse al ministerio oportuno.