C omo Francia, bajo la pluma de Zola, y Chile, con su poeta Neruda, a España le ha llegado el momento de concentrar su indignación y reclamar una vuelta a sus valores esenciales, exigiendo una purga en condiciones de la corrupta élite política e institucional. Por eso, hoy, yo acuso a la gran mayoría de nuestros políticos y legisladores de blindarse de manera torpe, para proteger sus intereses particulares por encima de los nacionales. Es decir, de cobrar su sueldo, y de no cumplir con su deber, que consiste, en esencia, en hacer crecer a nuestro país en todos los ámbitos. Creo que nadie cuestionará que es necesario marcar un antes y un después a la degeneración institucional que presenciamos, encabezada por un cabizbajo presidente de Gobierno. Por supuesto, para zanjar este periodo lo primero sería centrar los esfuerzos en recuperar el dinero robado, y devolverlo a las arcas. Una prioridad que nos afecta a todos los que pagamos impuestos religiosamente. Y es que las excusas para localizar el dinero nos suenan a los ciudadanos como un cuento para chinos, cuando vivimos en carne propia el exhaustivo sistema de trazabilidad inmediata de cada euro y céntimo que ingresamos, y estamos amenazados por los enormes castigos e hiperbólicas multas a los que se somete al que no declara la totalidad de sus ingresos. Para marcar un cambio de ciclo, también necesitamos introducir en España los sistemas de auditoría y de control político que utilizan los países más avanzados económicamente y los que son más exigentes políticamente que nosotros. Y exigir el establecimiento jurídico de castigos ad-hoc para la clase política. Castigos que les priven de todos sus privilegios y les obliguen a la dimisión inmediata cuando planee sobre ellos una sombra de duda mínima sobre la fuente y la cuantía de sus ingresos. No deja de ser irónico, aparte de redundante, que acusar de frente a toda una casta de oportunistas resulte "políticamente incorrecto". Cuando políticamente e incorrecto parecen significar, hoy por hoy, exactamente lo mismo.