La nueva regulación está pendiente de su transposición a la legislación españolaSi no logra un nuevo contrato el astillero La Naval de Sestao y sus 240 trabajadores tienen ante si un panorama muy complicado, ya que sólo tiene carga de trabajo hasta enero de 2014. Un panorama muy diferente sería si no hubiera perdido dos contratos, que tenía casi cerrados, que le aseguraban carga de trabajo hasta bien entrado el ejercicio 2015, como consecuencia de la polémica de las ayudas fiscales del tax lease español. La pérdida del primer contrato se produjo en marzo, valorado en 220 millones, venía de un armador noruego y se fue a un astillero de Corea. Esto sucedió cuando Bruselas se demoraba en dar su resolución a la polémica del tax lease. El segundo, un buque para la instalación de cables eléctricos submarinos y valorado en otros 100 millones, se fue a un astillero de Croacia. La pérdida de este segundo contrato llama más la atención si se tiene en cuenta que se ha producido a finales de agosto, después de que Bruselas resolvió la sanción a la construcción naval española; y además de que desde noviembre de 2012 hay un nuevo sistema de tax lease con el beneplácito de la UE. La Naval afirma se ha perdido el segundo buque por la desconfianza que genera entre los armadores la inseguridad jurídica que supone que el Ministerio de Hacienda no haya cerrado aún las devoluciones que deben hacer los inversores sancionados por la UE. Pero además, según fuentes consultadas por elEconomista, existe otro factor: la falta de desarrollo normativo por parte del Gobierno español para la trasposición a la regulación nacional del nuevo sistema de tax lease, a pesar de que la autorización de Bruselas se produjo hace ya nueve meses. Euskadi no quiere recurso El Gobierno vasco discrepa de la decisión del Ministerio de Industria de recurrir la sanción de Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la UE. Para Vitoria el recurso no favorece al sector naval, ya que supone alargar la incertidumbre y la inestabilidad del sector de cara a los contratantes de nuevos buques. Desde el Ejecutivo de Vitoria se ve la sanción, al quedar reducida, como un mal menor y que lo que hace falta es relanzar el sector y captar nuevos contratos. Se diluye la ayuda pública En enero de 2011, cuando se produjeron una serie de tensiones entre los socios de La Naval por cuestiones financieras, el Gobierno vasco, encabezado en ese momento por los Socialistas, se ofreció a respaldar con dinero al astillero, entrando en su accionariado mediante una ampliación de capital de cinco millones, a través del fondo Socade. La propuesta del Ejecutivo obtuvo el beneplácito de Bruselas en mayo de 2011, con una serie de condicionantes sobre planes de negocio. Pero dos años después, aún no se ha producido la entrada del Gobierno vasco en el capital debido a dos razones. Por un lado hasta finales de 2012 estaba vigente una cláusula accionarial que obligaba a que las decisiones se adoptasen por unanimidad, que no se logró. Por otro lado, ahora el Gobierno vasco atraviesa una delicada situación financiera debido a la crisis, lo que hace difícil disponer de esos fondos.