Impone al expresidente de la compañía una caución récord de 178 millones Fianzas récord para los consejeros y directivos de Pescanova imputados en la Audiencia Nacional por presunto fraude contable. En un auto fechado el pasado 16 de agosto pero emitido ayer, el magistrado Pablo Ruz, titular del juzgado de instrucción número 5, impone cauciones que suman un total de 1.246 millones de euros. Es una suma que servirá para garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de la causa. El juez aseguraba ya en un auto fechado el pasado 23 de mayo que los administradores de Pescanova "valiéndose de una información reflejada en las cuentas anuales (...) que no se ajustaba a la realidad" proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones. Entre ellos figuran sobre todo pequeños accionistas, pero también empresas como Damm, dueña del 6,2 por ciento del capital, o el fondo luxemburgués Luxempart, propietario del 5,8 por ciento. Una caución récord El presidente de la pesquera gallega, Manuel Fernández de Sousa, tendrá diez días para presentar en el juzgado la mayor fianza impuesta nunca en la historia empresarial española. Son 178,85 millones por, entre otras cosas, ser, según dictaminó KPMG, encargada de la auditoría forense, el máximo responsable del falseamiento de las cuentas desde el año 2007, enviando a la CNMV datos presuntamente manipulados para ocultar números rojos, una deuda financiera de 3.281 millones y un agujero patrimonial de 927 millones de euros. Todo eso al margen de haber vendido casi la mitad de su participación y reducirla hasta el 7,4 por ciento sin comunicárselo ni al consejo de administración ni a la CNMV, tal y como establece la ley. Fuentes próximas al expresidente de la pesquera han confirmado que esta misma semana presentará, no obstante, un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Fernández de Sousa intentará defenderse argumentando que la fianza es desproporcionada y que algunos de los accionistas querellantes adquirieron acciones después incluso del pasado 31 de marzo, cuando se sabía ya que la empresa estaba iniciando los trámites del concurso. Para el expresidente de la compañía y primer accionista, la situación se vuelve en cualquier caso muy complicada porque, al margen de la fianza que tiene que asumir como persona física, el juez ha impuesto cauciones por un importe total de otros 277,6 millones a sus sociedades patrimoniales: Inverpesca, Sociedad Gellega de Importación de Carbones, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control e Inverlema. Asimismo, tanto su hermano, Fernando Fernández de Sousa, como su hijo, Javier Fernández Andrade, deberán asumir una fianza cada uno de 69,4 millones. La segunda fianza más alta impuesta por el juez corresponde, no obstante, a Alfonso Paz-Andrade, exconsejero delegado del grupo, y en la actualidad miembro del máximo órgano ejecutivo, que deberá afrontar un desembolso de 125 millones de euros, bajo amenaza de embargo de sus bienes. Fianza también a Pescanova Para Pescanova el mayor problema, sin embargo, es que la propia sociedad deberá afrontar una fianza de 54,8 millones de euros, lo que complica aún más su ya de por sí delicada situación financiera. Hay que recordar que la compañía tuvo que recurrir el pasado mes de junio a un préstamo sindicado de urgencia de 56 millones para poder atender las necesidades de circulante y poder afrontar el pago de las nóminas.