Los incidentes del pasado viernes pueden tener consecuencias penales y laborales para sus protagonistasMADRID. Los trabajadores de handling de Iberia que el pasado viernes ocuparon las pistas de el Aeropuerto de El Prat (Barcelona) y provocaron un caos en el citado aeródromo, no están amparados por el derecho a la huelga que consagra la Constitución, al tratarse de un paro sin preaviso. Así lo entienden varios expertos en derecho laboral consultados por elEconomista, que califican la movilización de "huelga salvaje" o de "invasión de dominio público".El derecho a la huelga está reconocido, con rango de derecho fundamental, por el artículo 28.2 de la Constitución. Asimismo, está regulado por el decreto ley 17/1977 y por la sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981. La huelga pasó de constituir un delito de sedición en el franquismo para ser considerada un derecho fundamental en la democracia.Según la legislación, para que una huelga sea considerada como tal debe ser convocada por los representantes de los trabajadores y ha de ser comunicada al empresario y a la autoridad laboral con al menos cinco días de antelación. Este plazo aumenta a 10 días si el paro afecta a un servicio público.Límites del derecho a huelgaAdemás, el derecho a la huelga tiene una serie de límites. Por una parte, los trabajadores no están legitimados para ocupar el centro de trabajo, ni impedir el acceso al mismo. La finalidad de los paros debe ser exclusivamente laboral y están prohibidas las huelgas ilícitas o abusivas, como puede ser el caso de la acaecida en El Prat. Los trabajadores implicados en los incidentes del viernes pueden enfrentarse tanto a acciones penales, que han sido iniciadas ya por una juez de El Prat de Llobregat, como a medidas de índole laboral que pueda emprender la compañía. Expertos en derecho laboral entienden que sería contraproducente que la compañía opte por la medida más drástica, el despido, que de ser aplicado sólo a algunos empleados, sería discriminatorio.En cualquier caso, estas fuentes consideran que AENA es responsable en parte: "Si no hubiera adjudicado el concurso en pleno verano nada de esto habría sucedido".