El aumento imparable de la deuda pública impide pagar la mitad de las facturas El Gobierno autorizó ayer a cinco autonomías, Andalucía, Baleares, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana a endeudarse a largo plazo en el marco de la segunda fase del Plan de Pago a Proveedores, que está dotada con 1.290 millones de euros y se abonará este mes. El problema al que se enfrentan quienes sufren los impagos de la Administración es que el aumento constante de la deuda pública está obligando a retrasar decisiones de pago, y en concreto, impide abonar la mitad de las facturas a los proveedores. A la vez y, teniendo en cuenta que este plan se financia con deuda, el Gobierno no podrá cumplir su previsión de cerrar el año con un 91,4 por ciento de deuda sobre PIB si pretende dotar este mecanismo por completo. De momento, el Ejecutivo permitirá a la Comunidad Valenciana endeudarse hasta un máximo de 69.816.386,42 euros; fija el límite para Andalucía en 2.822.157,70 euros y en otros 22.510.189,17 para Murcia. El tope máximo de endeudamiento para Baleares queda establecido en 389.294.846,82 euros y para Cataluña de 737.659.589,75 euros. En la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno enmarca esta medida entre las de apoyo al crecimiento y con las que hacer frente a las restricciones a las que se enfrentaron las autonomías en los últimos ejercicios para conseguir financiación en los mercados. Esas dificultades generaron retrasos en el pago de las obligaciones con sus acreedores. Un tercer plan en marcha Hacienda ya anunció recientemente la puesta en marcha de un tercer mecanismo de pago a proveedores. Según la memoria del decreto ley de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas, hasta el pasado 31 de mayo, las comunidades autónomas acumulaban 15.324 millones de euros en deudas pendientes de pago, y esa cantidad ascendía a 4.017 millones en el caso de los ayuntamientos. Ambas administraciones adeudarían un total de 19.350 millones de euros a sus proveedores, a falta de terminar de comprobar las facturas que estos pudieron presentar hasta ayer. La primera fase de ese plan sólo serviría para cubrir unos 8.200 millones. El objetivo es acabar de una vez con el problema que la morosidad pública representa para la supervivencia de estos proveedores, entidades... Según datos de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA) uno de cada cinco empresas que cierra lo hace debido a los impagos públicos, que llevan a su vez al desempleo a uno de cada cuatro parados. El Ejecutivo ya optó por modificar la Ley de Estabilidad, de forma que este problema (tanto en lo que atañe a los afectados por este tipo de impagos, como a las Administraciones que incurran en ellos) tenga la misma consideración que el déficit público o la deuda pública. El objetivo que el ministerio de Hacienda persigue con ello es que quien no abone sus facturas en los 30 días de periodo medio de pago tenga que hacer frente a una serie de consecuencias. Recurso contra Navarra El Gobierno también solicitó ayer al presidente la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral de Navarra con la que se creó un complemento personal transitorio por pérdida del poder adquisitivo, equivalente a la paga extra. Con todo, el recurso se presentará únicamente si existe un dictamen favorable el Consejo de Estado (que deberá pronunciarse en el plazo de cinco días hábiles). La Ley foral en cuestión establecía la percepción en 2013 de un complemento retributivo de nueva creación. Se trata de una paga adicional de una cuantía idéntica a la de la paga extra de Navidad que el Gobierno Central suprimió en 2012.