Deja una deuda neta de 3.281 millones y un agujero patrimonial de 927 millones El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, presentó ayer por la tarde su dimisión, tras la contundencia de las evidencias sobre la contabilidad de la empresa en los últimos años, plasmadas en el informe "forense" que la auditoría KPMG elaboró la semana pasada. Según este informe, la empresa, que se encuentra en concurso de acreedores, falsificó las cuentas en los periodos de 2010 y siguientes, camuflando pérdidas y mostrando beneficios aparentes que no tenían razón de ser, gracias a facturas que reflejaban operaciones comerciales inexistentes. Con este modo de operar, en 2010 Pescanova dejó de registrar en sus cuentas las pérdidas de 208,5 millones de euros que sufría, para afirmar que obtuvo unos beneficios de 36,29 millones. Al cierre del año siguiente, la empresa gallega no sólo continuó ocultando unas pérdidas cada vez más grandes, de 240,79 millones, sino que engordó la declaración de beneficios ficticios hasta los 50,14 millones de euros. Finalmente, las cuentas de 2012, cuya no presentación produjo la declaración de insolvencia de la compañía, arrojan unas pérdidas no registradas de 567,55 millones de euros, muy superiores a los 20,37 millones detectados inicialmente. Por todos estos datos, Sousa decidió adelantar la reunión, prevista para el 31 de julio, y presentar su dimisión, aceptada por unanimidad, cuando tan sólo un mes antes había sido ratificado en su puesto por 6 votos a favor y 4 en contra. Sousa declaró que al ser el máximo responsable en los periodos en los que se produjeron las irregularidades, era necesario que dimitiera. No obstante, defendió que todos sus fallos tenían explicación, pero que "no dejaban de ser errores". Antes de abandonar su cargo, sostuvo que siempre ha defendido a la firma: "Pescanova está ahí y es una gran empresa. Es lo que he conseguido, que siga viva, con todos sus trabajadores cobrando y sus barcos pescando". Si no presentó su dimisión antes, fue porque tenía que esperar a que pasara "el periodo de transición", hasta la obtención del informe definifitvo de KPMG. A sus dclaraciones se unen las del consejero de Damm en Pescanova, José Carceller, que añadió que el informe ha sido tan "demoledor y rotundo" que Sousa tenía que "asumir su responsabilidad". Continuó charlando sobre la necesidad de que el consejo de administración de Pescanova elija a un nuevo presidente que ofrezca "más garantías a la continuidad de la sociedad". Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la convocatoria de una reunión del consejo programada para el próximo 12 de septiembre, en la que supuestamente se espera que dimitan todos los actuales consejeros. De hecho, además de Sousa, ayer se produjo también la dimisión de la consejera Ana Belén Barreras Ruano, la única mujer presente en el consejo. Fernández de Sousa se enfrenta ahora al proceso judicial instruido por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, por estar imputado de varios delitos por la ocultación de los datos ya referidos, y a la solicitud de imposición de fianza por valor de 927.317 euros que la accionista de Pescanova, Gesrenta, ha solicitado a la Audiencia que imponga sobre el expresidente y su consejero Alfonso Paz Andrade. La deuda financiera neta de la firma gallega asciende a los 3.281 millones, con un agujero patrimonial superior a los 927 millones.