Habrá topes de renta en el bono social, que será financiado por las eléctricasEl Gobierno tiene previsto aprobar un nuevo modelo de factura para la tarifa eléctrica con la intención de que sea mucho más clara para el consumidor. Pero además, introducirá un cambio de calado para conseguir recaudar también de las segundas residencias y de los clientes con bajo consumo. En concreto, la reforma energética recoge un Real Decreto para cobrar más caro el término fijo de potencia. Del importe actual de la factura, el 30 por ciento es el término fijo y el 70 es variable. Con el cambio, el Gobierno pretende que esta proporción quede en 50 a 50. El Ministerio de Industria quiere recaudar más y que todos los que estén conectados a la red paguen más por el sistema eléctrico, aunque no haya consumo. Además, se beneficia a los usuarios que tienen un alto consumo, ya que para los clientes será como pagar una tarifa plana. La cartera que dirige José Manuel Soria acaba de un plumazo con las señales de eficiencia energética y también pretende provocar una aumento de la demanda para la segunda parte del año, según las previsiones que maneja Red Eléctrica. Para clarificar la factura eléctrica, el Gobierno ha impulsado un recibo similar al que se utiliza en telefonía y se diferencia por colores, de tal forma que a la hora de realizar alguna reclamación se pueda indicar fácilmente al cliente sobre el dato a aportar a la compañía. Otro de los cambios significativos se centra en el acceso al bono social (tarifa reducida para hasta ahora desempleados, familias numerosas y para potencias inferiores a 3 kilovatios). El Ministerio de Industria quiere introducir un criterio económico para poder tener esta tarifa. Así, con la nueva normativa tan sólo tendrán acceso al bono social rentas mínimas por unidad familiar. A través de la reforma, el Gobierno también da una vuelta de tuerca a la sentencia del Tribunal Supremo que eximía a las eléctricas de financiar este producto. En opinión de Industria, el pasado año cuando se acató este fallo no estaba suficientemente argumentado que fueran las compañías las que soportaran este coste. Por ello, el Gobierno ha introducido una nueva redacción en el Real Decreto Ley para regular que sean las compañías verticalmente integradas, como son las grandes eléctricas, las que tengan que volver a financiarlo. Asimismo, la reforma también busca ser escrupulosa en los términos de cada factor del sistema, por lo que ha cambiado el nombre de la Tarifa de Último Recurso (TUR), para potencias menores de 10 kilovatios, por Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. Según Industria, no se puede llamar tarifa protegida a una tarifa a la que se acogen 22 millones de usuarios. No obstante, la TUR se mantendrá básicamente para morosos y para ayuntamientos, que no habían cumplido con la liberalización del mercado al no suscribir un contrato de comercialización con una de las cinco comercializadoras de último recurso (CUR). El cambio era obligatorio para cumplir con la separación de actividades exigida por Bruselas. En el caso de los ayuntamientos de más de 10 kw de potencia, que tienen contratada la mayoría de ellos, estaban obligados a pasar al mercado libre, pero muchos todavía no lo habían hecho cuando había expirado el plazo para ello. Por ello, el Gobierno aprobó el pasado año una orden por la que "los consumidores que a 31 de diciembre de 2011 carecieran de un contrato de suministro en el mercado libre podrían seguir siendo suministrados por dicho comercializador de último recurso hasta el 31 de diciembre de 2012". La reforma aprobada ayer acaba con la exigencia y permite que los ayuntamientos se mantengan en esa situación privilegiada, una clara discriminación con respecto a las empresas.