El sector eólico y la fotovoltaica avisan de problemas con la banca por no poder cubrir la deudaLa reforma energética, tal y como aseguró en su momento el propio secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, pretendía hacer muchos tuertos y ningún ciego. Sin embargo, la unanimidad en el sector es que el disparo es demasiado dañino y habrá varios ciegos. La patronal eléctrica Unesa, que recoge a las cinco grandes eléctricas, amenazó con una drástica reducción de empleo para poder soportar los recortes, mientras que las patronales de renovables advirtieron de que se avecinan problemas con la banca al no poder atender la deuda contraída. En este sentido, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, fue muy claro a la hora de explicar que el Gobierno no puede tener en cuenta el grado de endeudamiento de los inversores, porque es de los más variado, sino que se limita a cumplir con una rentabilidad razonable para el conjunto del proyecto. En un comunicado, la asociación que preside Eduardo Montes indicó que las eléctricas están en "total desacuerdo" con las medidas adoptadas en la reforma energética, ya que tienen que soportar un recorte adicional de 1.000 millones de euros. Además, Unesa aprovechó para criticar la "ineficiente" aportación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), muy al contrario de lo que se prometió en los pilares de la reforma: que el esfuerzo se repartiría entre empresas, Estado y consumidores. "Ningún Gobierno ha estado dispuesto a admitir que la parte más importante de los sobrecostes del sector, la que asumen las empresas de Unesa, procede de decisiones políticas energéticas y sociales totalmente ajenas al coste del suministro eléctrico", espetó Unesa. Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) fue muy beligerante con los cambios aprobados, ya que la eólica se erige como la tecnología más castigada por los recortes a las renovables, ya que se penaliza más a las proyectos con más años en funcionamiento e incluso se les podría suprimir la totalidad de primas. Así, esta patronal auguró una "cascada de problemas financieros para el sector" y, a su vez, para la banca. Además, apuntó que el Ejecutivo ha tratado al sector de forma "tremendamente injusta" con una medida que "vulnera los principios de seguridad jurídica al ser claramente retroactiva, porque cambia las condiciones de las inversiones realizadas por el sector durante más de veinte años". En la misma línea se mostró Unión Española Fotovoltaica (UNEF), quien afirmó que las medidas pueden llevar "directamente a la quiebra" de "buena parte" del sector. Esta patronal recordó además que la fotovoltaica acumula ya recortes anteriores que llegan hasta el 40 por ciento de los ingresos que se esperaban recibir al acometer las inversiones. Unef insistió en que las medidas son de "carácter retroactivo" y "una vez más", vulneran la seguridad jurídica del país. Además, para la asociación, no se trata de una "auténtica" reforma del sector, sino de una "nueva acumulación de recortes". En este punto también coincidió, José Miguel Villarig, presidente de APPA, quien explicó a elEconomista que "el Ministro y el Gobierno llaman reforma energética a lo que no es más que otro parche y otra muestra de la improvisación con la que actúa Industria". Además, puso de manifiesto que si las medidas tomadas con anterioridad habían situado a muchas empresas del sector en situación crítica, "estos nuevos recortes pueden llevarlas a situaciones dramáticas". Además, alertó de que si toda la reforma "pivota sobre el déficit de tarifa sin hacer un buen diagnóstico del problema, las medidas que se toman pueden hacer mas daño del que se trata evitar". Villarig aprovechó para solicitar una vez más una auditoría de todos los costes del sistema. Por su parte, el director general de Acogen, Javier Rodríguez, aseguró a este diario que confía en que el Gobierno haya tenido en cuenta el fundamental papel de la cogeneración para la competitividad de una gran parte de la industria española". No obstante, consideró que la reforma refuerza el principio de "rentabilidad razonable", que Acogen ha venido reclamando insistentemente en las reformas y medidas ya acometidas. En su opinión, los cambios se deben seguir de cerca ya que la posibilidad de mantener las plantas, renovarlas o incluso implementar nuevos proyectos no ha sido suficientemente expuesto por el ministro en sus declaraciones realizadas tras el Consejo. Por último, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, pronosticó que la nueva subida "no va a solucionar el problema" y criticó los cambios que en el recibo. El nombre "es una tomadura de pelo" y la nueva tarifa "perjudica al consumidor porque las eléctricas siguen pudiendo fijar al 80 por ciento los precios", señaló el representante de Facua.